El Gobierno presentó este lunes a los agentes sociales un nuevo documento de trabajo en la negociación de la reforma laboral. En él se constata un cambio sobre el que venía siendo el discurso del Gobierno. Así, por primera vez se ha admitido que el abaratamiento del despido puede ayudar a incentivar la creación de empleo estable tanto como la bonificación de la contratación.

Por eso, entre las propuestas se incluye la de "ampliar las posibilidades de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida", que ya existe en la legislación desde el año 1997 y que supone una indemnización por causas objetivas de 33 días por año trabajado, en lugar de los 45 días que tiene el contrato indefinido ordinario.

Para potenciar este tipo de contrato –pensado inicialmente para mujeres, parados de larga duración y desempleados al final de su vida laboral– se apuesta además por varias modificaciones: que un contrato temporal pueda transformarse en este tipo de indefinido, que se amplíe a nuevos colectivos y que siempre tenga una indemnización de 33 días, ya que ahora es de 45 días en algunos supuestos.

Facilidades para despidos

Respecto a las facilidades para los despidos se contempla la posibilidad de aplicar el modelo austriaco, aunque nadie desde el Gobierno se moja en explicar exactamente a qué se refieren con esta cuestión. Los sindicatos hicieron referencia a la posibilidad de que las empresas aporten dinero a una especie de hucha común que se haría cargo de los costes de los despidos colectivos de los empleados.

A este respecto, el documento del Ejecutivo, sin embargo, cita una medida de "carácter transitorio y excepcional". Se trataría de que en los nuevos contratos suscritos en la citada modalidad, en caso de despido colectivo, las empresas estarían exentas de pagar parte de los costes de indemnización. Algo similar a lo que hace actualmente el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), que asume el 40% de los costes de despidos en las empresas de menos de 25 trabajadores.

En cuanto a la contratación, el Gobierno se vuelca en los jóvenes, que, de aplicarse las medidas del documento, podrían acogerse a la modalidad de contrato de formación hasta los 24 años. Esta tipología también estaría exenta de cotizaciones sociales, aunque obligaría a la empresa a pagar el salario mínimo a partir del segundo año. Pero todo esto aún está en el aire, cuando faltan apenas dos semanas para que expire el plazo que el Gobierno se fijó para el acuerdo. Este lunes los sindicatos insistieron en su oposición a cualquier medida que suponga abaratar el despido.