El Ministerio Público reclama también la misma pena para el funcionario municipal Jesús Santana en el denominado caso 'Grúas Barrios', relacionado con supuestas irregularidades de la institución local durante el mandato de 2002 por abonar una factura a una empresa de grúas, que reclamó el pago por retirar 264 vehículos sin haber realizado dicho servicio.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo lunes y el martes el juicio contra los tres acusados, para quien el fiscal pide 5 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante 6 años.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los acusados actuaron de común acuerdo en el ejercicio de sus cargos en el Ayuntamiento de Telde en 2002 con Basilio Barrios —fallecido el 23 de abril de 2004— como administrador único de Grúas Barrios SL.

De este modo, dicha empresa se encargaba del servicio municipal de grúa para la retirada de vehículos y el Consistorio "no le debía abonar cantidad alguna por dicha prestación".

Sin embargo, según el Ministerio Público, Barrios. presuntamente "a sabiendas y con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito", giró una factura al Ayuntamiento de Telde por importe de 6.336 euros, más IGIC, por la retirada de 264 vehículos sin haber realizado este servicio.

Una vez presentada en el Ayuntamiento dicha factura el acusado José Santana Marrero, como funcionario de la institución local, en su calidad de jefe de servicio, "a sabiendas que no se había prestado tal actividad firmó una certificación de relación de vehículos retirados que se acompañaban en la factura".

Imputado en el '

Caso faycán'

Dicha factura fue intervenida y fiscalizada por el interventor Enrique Orts —también imputado en el 'Caso Faycán' y marido de la principal imputada y ex edil de Obras Públicas, María Antonia Torres, que falleció el pasado 25 de marzo—, quien, "a sabiendas de que era falsa porque no se había prestado dicho servicio, realizó la propuesta de pago de 6.652 euros el 16 de octubre de 2002".

El escrito precisa que el otro acusado, Antonio Santana (Nueva Canarias), entonces concejal de Hacienda, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías, actuó también "a sabiendas de su ilegalidad por tener conocimiento de que no se había realizado dicha prestación".

Así, "en aras de beneficiar ilícitamente a Basilio Barrios con caudales del Ayuntamiento de Telde", el edil dictó un decreto el 16 de octubre de 2002 aprobando el gasto por un importe de 6.652 euros y ordenó su pago al proveedor Grúas Barrios SL.

De este modo, consiguió que la empresa cobrara por dicho servicio del Ayuntamiento de Telde la cantidad de 5.636,77 euros por orden de transferencia bancaria de fecha 3 de diciembre de 2002.

Por todo ello, la Fiscalía cree que son responsables en concepto de autores los acusados de los presuntos delitos de fraude ilegal de caudales públicos y falsedad en documento público, así como considera que Antonio Santana es también autor de un supuesto delito de prevaricación y los otros dos acusados cooperadores necesarios de dicho delito.