Una niña indígena maya de 10 años embarazada al parecer tras ser violada por su padrastro no puede abortar porque las leyes locales lo impiden dado lo avanzado de la gestación, informó este viernes la Procuraduría General de Justicia del estado mexicano de Quintana Roo (sur del país).

La legislación vigente en Quintana Roo ofrece a una mujer violada la posibilidad de abortar durante los primeros tres meses de embarazo, según datos proporcionados por la Fiscalía.

El caso fue denunciado ante las autoridades el pasado 23 de marzo por la madre de la pequeña, después de llevar a su hija a una revisión médica, que reveló que estaba embarazada de cuatro meses.

Inicialmente la niña, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, dijo que al ir a la escuela un hombre se la llevó al monte y abusó de ella, pero durante las investigaciones y, al quedar bajo custodia de las instancias que protegen a menores víctimas de delitos, la menor confesó que el autor de la agresión era su padrastro, detallaron fuentes de la Fiscalía.

El padrastro, identificado como Isaac Santiago Martínez, conocido como El Brujo, fue localizado y detenido el pasado 27 de marzo, inicialmente bajo los cargos de resistencia a la autoridad e intento de fuga, y por presunta violación.

Las autoridades tienen previsto practicar estudios genéticos para demostrar la presunta responsabilidad de Martínez en la violación, algo que aceptó en un principio, aunque después se retractó argumentando que fue obligado a declararse culpable.

Un caso similar

El caso es similar al de otra joven que en 1999, cuando tenía 13 años, fue violada por un drogadicto que entró a robar a su casa y la atacó mientras dormía. La familia realizó las gestiones para pedir la interrupción del embarazo por haber sido violada, pero fue denegada y la joven tuvo finalmente un bebé.

El caso terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven, hoy mayor de edad, con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta los 18 años por no haber permitido en el caso la aplicación de la ley.