La Junta saca a concurso suelos que permitirán construir 1.931 VPO y crear 3.800 empleos

En una nota, la Administración regional informó de que en el concurso se definieron los regímenes protegidos a los que deberán acogerse las promociones, estableciendo como prioridad el régimen especial, especialmente destinado para los colectivos sociales con menores recursos económicos. Así, las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el día 29 de abril.

De esta forma, 1.027 VPO de ese futuro parque residencial se adjudicarán en compraventa a unidades familiares cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, unos 18.000 euros anuales. En cambio, el resto se divide entre la compraventa en régimen general (3,5 veces el Iprem, 25.328 euros), con 367 viviendas protegidas; y el alquiler (2,5 veces el Iprem), con 537 VPO, de las que 295 serán con opción a compra.

Con esta medida, la Consejería pretende "facilitar" al sector privado la construcción de vivienda protegida, ofreciéndoles suelos a los promotores, a la vez que "agiliza la promoción de inmuebles asequibles para los ciudadanos".

Estas ofertas se canalizan a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que ya ha sacado a concurso para su enajenación terrenos en todas las provincias andaluzas con una edificabilidad que permite la construcción de 8.732 VPO. Por provincias, 233 de estas viviendas se situarán en Almería; 1.257, en Cádiz; 1.995, en Córdoba; y 554, en Granada. Por su parte, en Huelva se ha sacado a concurso suelo con capacidad para 406 VPO; en Jaén para 444 VPO; en Málaga para 2.295; y en Sevilla para 1.548 inmuebles protegidos.

Estas ofertas de enajenación de suelo para la construcción de vivienda protegida se producen en una coyuntura en la que la vivienda protegida constituye un valor refugio para el sector de la construcción. En este sentido, la gran mayoría de las VPO calificadas provisionalmente desde el inicio del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 corresponde a promotores privados, con un porcentaje que supera el 70 por ciento.