En un comunicado, el Defensor del Paciente aseveró que la joven falleció "por un defectuoso tratamiento médico recibido" tras ingresar en el servicio de Urgencias aquejada de un dolor torácico a nivel de los hombros y reborde costal izquierdo, sin fiebre, con tos irritativa, y que aumentaba con los movimientos y la tos.
Así, le realizaron una auscultación pulmonar y cardiaca sin hallazgos patológicos. En las extremidades inferiores descartaron signos compatibles con una trombosis venosa profunda, el hemograma, la bioquímica y el estudio de coagulación también eran normales. En la radiografía de tórax tampoco había infiltrados o derrames torácicos.
En resumen, la clínica inicial era inespecífica y se desconocía el origen del dolor, por lo que se consultó con Medicina Interna, que consideró la posibilidad del tromboembolismo pulmonar (TEP) y le solicitó de urgencias un TAC helicoidal, pero se suspende porque "la paciente se asfixiaba al tener los brazos en la nuca". Posteriormente, el internista dio el alta a la paciente con diagnóstico de dolor osteomuscular con contractura muscular y ansiedad.
El Defensor del Paciente relató que el dictamen del Servicio de Aseguramiento y Riesgos, dictamen pericial encargado por el propio SAS, estableció que en la asistencia recibida ese día "se echa en falta la realización de una gasometría arterial y de una ganmagrafía pulmonar, ambas pruebas están indicadas en caso de dolor torácico y disnea", concretamente la última prueba ante la sospecha de un posible embolismo pulmonar.
Según dijo, la condena es por "conducta omisiva" en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas. Así, señaló que el SAS concluyó en su resolución que "puede establecerse la existencia de una relación de causalidad" entre el fallecimiento de esta joven y la falta de realización de pruebas diagnósticas, por lo que acordó una indemnización de 105.711 euros a favor de los padres progenitores de la fallecida.
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