Tres meses después de dejar de operar, Air Comet, la aerolínea del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio Gonzalo Pascual, presentó este martes el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, con una deuda próxima a 160 millones de euros.

Según fuentes de la aerolínea, la compañía ha dejado pasar tres meses, amparada en la nueva Ley Concursal, para intentar llegar a acuerdos de pago con proveedores y acreedores, entre ellos, el HSH Nord Bank, el banco alemán que provocó su cierre al presentar una demanda ante la justicia británica por el impago de 17,2 millones de euros derivado del alquiler de aviones, que ya ha retirado.

Las fuentes consultadas aseguraron que Air Comet ha negociado hasta el último momento acuerdos que permitieran "reducir deuda" e impulsar la viabilidad de la compañía, al tiempo que buscaba un nuevo inversor que inyectara el capital necesario. El nuevo artículo 5.3 de la Ley Concursal permite a una compañía negociar un convenio anticipado de acreedores durante tres meses y declararse insolvente antes de que termine el mes siguiente.

Esa fórmula paraliza además los concursos necesarios que puedan instar sus acreedores, como el que presentó a finales de diciembre un grupo de ecuatorianos, que en el caso de aceptarse podría conllevar que los gestores de Air Comet llegaran a perder las facultades de gestión y disposición del patrimonio de la empresa.

La imposibilidad de cerrar acuerdos con sus acreedores privilegiados -sobre todo entidades financieras- y la presión de los sindicatos ha hecho que la empresa no agotara los cuatro meses que le concedía la Ley Concursal y haya presentado el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos).

La compañía podría contar con un activo muy superior a sus deudas, debido a que está pendiente de que el Gobierno argentino le indemnice con 222 millones de euros por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. En cualquier caso, la presentación del concurso es un paso imprescindible para que los trabajadores cobren los salarios adeudados del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que sólo abonará los sueldos de los últimos 150 días.

Según fuentes sindicales, los salarios pendientes podrían suponer entre 4 y 5 millones de euros, a lo que habría que añadir las indemnizaciones de los 250 trabajadores que han visto extinguida su vinculación con la compañía en virtud del ERE. Los sindicatos, que representan a los más de 640 trabajadores de la compañía, confían en que la empresa cumpla su promesa de vender el material de mantenimiento para poder abonar los salarios que no cubra el FOGASA.