El Gobierno prepara un Real Decreto por el que, por primera vez en España, se indemnizará a 24 afectados por la talidomida, un medicamento que a finales de los años cincuenta causó graves malformaciones a unas 3.000 personas en este país.

Así lo ha indicado este lunes el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), José Riquelme, quien ha informado de que esta normativa se aprobará en "las próximas semanas" y de que aglutinará ayudas de entre 30.000 y 100.000 euros, dependiendo del nivel de discapacidad de los afectados.

Riquelme ha considerado "muy positiva" esta medida, como primer paso para que se vayan reconociendo otras demandas como pensiones para los damnificados, al igual que ocurre en el resto de países de la Unión Europea; unidades médicas de referencia que les atiendan y la cobertura del cien por cien de las prótesis.

El presidente de Avite ha recordado que la talidomida fue un fármaco producido por la empresa alemana Chemie Grünenthal, que fue comercializado entre los años 1958 y 1961, aunque en España siguió vendiéndose oficialmente hasta 1963.

Consumido como sedante y calmante por mujeres embarazadas que padecían náuseas, sus efectos a medio plazo sobre el feto se desvelaron como catastróficos, ya que unos 20.000 niños nacieron con graves problemas congénitos en el medio centenar de países donde se vendió bajo unos ochenta nombres comerciales. Concretamente, fueron víctimas de la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.

Riquelme ha denunciado que en España, durante casi medio siglo, este colectivo ha sido "invisibilizado" por gobiernos y autoridades sanitarias de "todos los colores políticos" y, desde luego, por los laboratorios que vendieron el fármaco. Todos ellos, ha lamentado, se amparan en la prescripción jurídica por el tiempo transcurrido para eludir sus responsabilidades.

El presidente de la Asociación ha esgrimido que estos primeros 24 afectados serán la "puerta de entrada" para que se vaya reconociendo la situación de todos los que viven bajo las nefastas consecuencias del fármaco. Para el reconocimiento de estas ayudas, se requerirán exámenes médicos que se llevarán a cabo en el Instituto de Salud Carlos III, donde se recogerá además toda la historia clínica de estas personas y se valorará su índice de discapacidad.