La Audiencia de Málaga continúa mañana el juicio contra el blanqueo de capitales

Los abogados de los acusados realizaron el pasado miércoles sus propuestas de pruebas y presentaron al Tribunal de la Sección Segunda, encargada del enjuiciamiento de este caso, distintos documentos con los que pretenden rebatir los informes policiales y patrimoniales incluidos en la causa.

Entre esta documentación destaca la referente a la creación de sociedades en general en el estado norteamericano de Delaware, donde, según los investigadores, se constituyó por parte del bufete de abogados del principal acusado, el letrado chileno Fernando del Valle, la mayoría de las empresas investigadas.

También se presentó el informe de un perito auditor de cuentas sobre al origen lícito de los fondos de uno de los acusados y resoluciones de otros países para desvirtuar los antecedentes penales. Además, esta semana, el presidente del Tribunal podría pronunciarse sobre una de las cuestiones previas referente al acceso a la documentación intervenida en los registros.

El juicio contra 19 personas acusadas en el caso 'Ballena Blanca' comenzó el pasado lunes día 15 con las cuestiones previas. Las defensas coincidieron en afirmar que fue una investigación "prospectiva" y aseguraron que se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales, como el de la libertad, el de defensa o el secreto de comunicaciones, además de "atentar" contra el derecho al secreto profesional.

Además, los letrados cuestionaron la forma en la que se investigó "indiscriminadamente" a todo el despacho de Fernando del Valle, a quien el ministerio fiscal acusa, en sus conclusiones iniciales, de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, de 13 de blanqueo de capitales, de tres contra la hacienda pública y de uno de falso testimonio.

Para este acusado, la Fiscalía Anticorrupción estima que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo asciende a la suma de 12 millones de euros y se señala que había creado "una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio" y había diseñado un "entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda, con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

Precisamente, el fiscal Anticorrupción encargado de esta causa, Juan Carlos López Caballero, defendió la instrucción desarrollada por el magistrado Miguel Ángel Torres y aseguró que ésta fue "correcta" desde el punto de vista procesal. Además, indicó que en este caso se partió de hipótesis basadas en "indicios objetivos" y "hechos contrastados".

Insistió en que al instructor le correspondió esta causa "según las normas de reparto en ese momento" y añadió que ni él ni los investigadores conocía al juez cuando comenzó la instrucción. También dijo que el proceso tuvo "las suficientes garantías", ya que todas las resoluciones fueron recurridas, y apuntó que la complejidad de la materia "requería la utilización de medios especiales de investigación".