La muerte de un niño que viaje sin cinturón podrá ser considerada un homicidio

Los fiscales en materia de seguridad vial podrán acusar de delito de homicidio o lesiones imprudentes a un conductor, en caso de accidente en el que fallezcan menores o resulten lesionados por no tener puesto el cinturón de seguridad o carecer de algún elemento de retención.

El niño está en una "absoluta indefensión" y no tiene consciencia de la importancia de este sistema de seguridadTambién podrá imputarse un delito de "homicidio y lesiones imprudentes" a los conductores en caso de accidente mortal si se comprueba que el vehículo tenía los frenos o neumáticos deteriorados. Éstas son algunas de las conclusiones a las que han llegado unos 50 fiscales que han participado este lunes y martes en las Jornadas Anuales de Fiscales de Seguridad Vial en Santiago de Compostela.

Entre los puntos más destacables, el fiscal coordinador, Bartolomé Varga, ha aludido a la protección de los colectivos "más débiles", entre los que se incluyen a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas, motoristas y, especialmente, los menores. Ha indicado que es responsabilidad del conductor poner el cinturón de seguridad a los menores que viajen en vehículo porque, ha justificado Vargas, el niño está en una "absoluta indefensión" y no tiene consciencia de la importancia de este sistema de seguridad.

Ha precisado que las medidas penales se aplicarán como "último recurso" y ha añadido que el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores cuando se trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o desempeñe funciones de tutor.

Vargas ha defendido la aplicación de acciones formativas y educativas entre los conductoresEl fiscal ha lamentado que más de la mitad de los menores fallecidos en accidentes de tráfico en España en 2008 carecían del cinto de seguridad y concretó que de los 76 niños perecidos el año pasado en las carreteras españolas, 40 no llevaban sistemas de retención o protección.

Para evitar la muerte de menores en las vías, Vargas ha defendido la aplicación de acciones formativas y educativas entre los conductores, continuar con las campañas publicitarias de la Dirección General de Tráfico o imponer sanciones administrativas específicas.