El Comité de Empresa de los centros de ITV de Irun y Urnieta (Gipuzkoa), que este jueves cumplirán 100 días en huelga indefinida, trasladó hoy su voluntad de reunirse con el consejero vasco de Industria, Bernabé Unda, para negociar sus reivindicaciones a la empresa TÜV Rheinland Ibérica, concesionaria de este servicio público para los próximos 30 años prorrogables a 99 en periodos de 10 años.

En una rueda de prensa en San Sebastián el delegado de ELA y presidente del Comité de Empresa del centro de ITV de Irun, Ketxus San Emeterio, acompañado del responsable de Pymes de ELA, Mikel Muñoz, denunció que el pasado día 10 la empresa "lanzó un ultimátum" a los trabajadores dándoles hasta mañana de plazo para aceptar su propuesta al tiempo que recordó que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2007 obliga al Ejecutivo vasco a realizar una nueva adjudicación de este servicio.

San Emeterio señaló que este "conflicto que cumple hoy 98 días de huelga indefinida afecta a 61 trabajadores" de las ITVs de Irun y Urnieta que reivindican "la equiparación de las categorías de ambos centros", lo cual indicó ya se pactó "en 2007 sin que la empresa lo haya cumplido", lo que afectaría a 13 empleados. También reclaman la "valoración de categorías, sobre todo, del personal administrativo, que es un colectivo de mujeres", lo que afectaría a 11 personas, pactar los incrementos retributivos correspondientes a 2009, 2010 e incluso 2011, y que las condiciones laborales, existentes ya y las que se puedan pactar, se recojan en un documento.

Según indicó, el mismo debería recoger tanto jornadas, periodos vacacionales y la creación de mecanismos, como una comisión paritaria, que "resuelva los conflictos y puedan aportar mejoras en la calidad del servicio y su funcionamiento".

El sindicalista señaló que en la reunión mantenida con la empresa el pasado día 10 ésta realizó una propuesta, con plazo "de una semana" para aceptarla, en la que se recoge que "está dispuesta a conceder las equiparaciones, y plantea que, a partir de la desconvocatoria de huelga, se procederá a "revisar el salario del personal administrativo siempre con una diferencia porcentual del 10 por ciento con respecto a los salarios de los mecánicos", lo cual el Comité "estaría dispuesto a aceptar".

Además, la oferta de la empresa contempla que tras desconvocar la huelga habría "un periodo de cuatro meses" para poder llegar a un acuerdo respecto al documento que recoja las condiciones laborales de la plantilla, cuando "el texto de acuerdo ya se presentó a la empresa en enero" sin haber recibido aún "una respuesta" al mismo.

Ante esta oferta, San Emeterio señaló que los trabajadores, reunidos el día 10 en Asamblea, decidieron, "por unanimidad" rechazar esta propuesta de la empresa que calificó de "provocación" puesto que "es peor que la trasladada en la reunión anterior, el 8 de febrero" y, además, "viene acompañada de una amenaza de retirada" de la misma.

A su juicio, la postura de la dirección sólo puede responder a su intención de "continuar con el conflicto", mientras que para el sindicato esta cuestión se puede resolver si departamento de Industria, trabajadores y empresa se sientan "a negociar a buena fe". En este sentido, indicó que el Comité ha solicitado una reunión "urgente" con el consejero vasco de Industria, Bernabé Unda.

Asimismo, indicó que espera que ahora que el "conflicto" se ha convertido "en una problemática social" haya una mayor "predisposición" por parte del Ejecutivo vasco en tomar parte en este conflicto de manera que se "atiendan las reivindicaciones" de los trabajadores. Según manifestó, hasta el momento "las tres reuniones" mantenidas con el departamento de Industria del Gobierno vasco no han servido para poner fin a esta situación que está perjudicando a muchos guipuzcoanos. SENTENCIA

Respecto a la sentencia del Supremo pendiente de ejecución, San Emeterio indicó que TÜV Rheinland Ibérica afirma "que a ella no le han comunicado nada", y, en todo caso, aseguró que "no tiene que tener incidencia en los trabajadores" puesto que el Gobierno vasco debe "garantizar que en la nueva adjudicación sus condiciones laborales están garantizadas".

Por su parte, Muñoz destacó que TÜV Rheinland es "una máquina de beneficios", con una facturación neta en el Estado de 32 millones. En este sentido apuntó que de las 198.000 facturas anuales registradas en las dos ITV que gestiona la compañía en Gipuzkoa, y que suponen un 13,77 por ciento del total de facturación, TÜV Rheinland factura "más de seis millones de euros, mientras los gastos de personal le suponen unos 1,5 millones".