Las partículas se filtraban a través de los poros de la piel. Envolvían la comida de los operarios. Y se incrustaban entre las fibras de sus uniformes. Inhalaban estas moléculas 43.200 segundos al día, 4.300 minutos a la semana y 2.760 horas al año.

Eran los sesenta, y los trabajadores ignoraban los efectos cancerígenos y letales del material con el que cohabitaban en los astilleros y las fábricas de uralita. Al principio no había información sobre el amianto. Después se ocultó. "Las empresas que distribuían el mineral despegaban las etiquetas en las que se alertaba de su peligrosidad", explica José Luis Castro.

La biografía de este ex operario ferrolano de Bazán –hoy Navantia– ilustra un problema que ha germinado en España, pero todavía no ha estallado. La exposición ininterrumpida al amianto durante 30 años en las calderas le ha secado los pulmones. Ha demandado a la empresa. La empresa ha recurrido. Y desde hace 5 años espera junto a una máquina de oxígeno la sentencia del Supremo.

El oscurantismo y los intereses que giran en torno al problema han frustrado trabajos para delimitar el número de afectados en España. Pero la perseverancia del equipo de Cristóbal Carneiro –fundador de la asociación Agavida y presidente de la Federación Nacional de Víctimas del Amianto– ha conseguido desvelar sus claves.

Legado espeluznante

El asbesto se popularizó en los años sesenta por sus excelentes propiedades aislantes y su bajo coste. Estudios médicos revelaron sus efectos cancerígenos en los seres humanos y EE UU regularizó su uso en los setenta.

Sin embargo, en España no se prohibió hasta el año 2002. El legado es espeluznante. Más de 60.000 personas están afectadas actualmente y un estudio de la Universitat Pompeu i Fabra revela que hasta 2016 un total de 1.321 personas fallecerán aquejadas de mesotelioma, cáncer incurable asociado a la exposición al amianto.

El periodo de latencia de las enfermedades relacionadas con el asbesto es de 20 años. La situación se agravará en la próxima década. Carneiro calcula que el número de enfermos en 2020 duplicará la cifra actual y alcanzará los 120.000. "La mayoría de los afectados ahora son jubilados que estuvieron expuestos en los ochenta. Pero dentro de diez años aparecerán los casos de los que trabajaron con el amianto hasta 2002".

La guerra se libra ahora en los tribunales. La oleada de demandas en EE UU provocó la quiebra de empresas y el Gobierno obligó a crear un fondo de compensación común. Las compañías estadounidenses ya aceptan la indemnización automática en los casos de cáncer de pleura (la única de las afecciones que puede causar el amianto). En España todavía no hay jurisprudencia al respecto. Las empresas se resisten a abonar indemnizaciones y existe disparidad de criterios judiciales en los fallos sobre el amianto.

Hablan los afectados

José Luis Castro, ex bombero de bazán. "La empresa me debe una recompensa". Sus pulmones secos son la herencia de una vida dedicada al sector naval. 16 años de operario de calderería y 22 como bombero en Bazán le han destrozado los pulmones. Paradójicamente, un accidente laboral en 1994 le salvó la vida. "Las pruebas médicas revelaron que padecía asbestosis con placas pleurales y enquistaciones en el pulmón". La exposición directa al amianto lo ha unido de por vida a una máquina de oxígeno. Tiene 65 años y espera la sentencia del Supremo desde 2005.

Emilio Rodríguez Espiñeira, ex operario en bazán. "He dado la vida y me han robado la salud". Emilio padece una fibrosis pulmonar idiopática que le agota. Su enfermedad es el legado de 45 años en las calderas de Bazán expuesto al asbesto. Los médicos le diagnosticaron la afección en 1996, pero nadie vinculó la dolencia al amianto y trabajó hasta la prejubilación, en 1999. Una maniobra de la empresa para "evitar indemnizaciones millonarias". Sus sentimientos son contradictorios. Siente nostalgia y rabia. "El trabajo me lo dio todo, pero me robó la salud".

Un murciano, contra 22 empresas. La demanda presentada por un mecánico murciano con cáncer de pleura contra 22 fabricantes de amianto de EE UU ha devuelto la esperanza a los afectados. Su abogada, Andrea Peiró, espera que la indemnización alcance el millón de dólares y explica que su bufete prepara más demandas. En España hay abiertos unos 200 procedimientos judiciales.