Las peleas entre Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre han llegado hasta tal límite que no son capaces de firmar un convenio para recibir dinero del Gobierno de Zapatero y arreglar viviendas en Madrid.

Nadie del Consistorio ha acudido a la firma del convenio para la gestión de las ayudas en materia de rehabilitación con el Ministerio que afecta a 3.441 casas y hubiera supuesto una inversión estatal de 17,2 millones de euros.

Así lo ha explicado la propia ministra Beatriz Corredor tras firmar con la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, y con los alcaldes de otros ocho municipios madrileños (populares y socialistas) que sí han querido el dinero del Ministerio y que permitirá rehabilitar 5.763 viviendas, con 25,79 millones de euros.

Corredor ha lamentado la ausencia en el acto del Ayuntamiento de Madrid porque, según ha explicado, "a última hora, no ha sido posible" que representantes municipales y de la Comunidad "llegarán a un acuerdo" en cuanto a las áreas de rehabilitación financiadas y a la gestión de las ayudas destinadas a los madrileños.

Según la ministra, "hemos intentado por todos los medios" ofrecer una mediación y colaboración para que los ciudadanos de Madrid se pudieran beneficiar del acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 celebrada el pasado 24 de febrero.

Con esta decisión, los madrileños se quedan sin hacer efectivos cuatro acuerdos de rehabilitación con financiación incluida. La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio, Anunciación Romero, ha aclarado que estos convenios bilaterales (Ministerio-Comunidad), afectaban a otras tantas actuaciones de rehabilitación en el municipio de Madrid y requería la firma del Ayuntamiento "para ser efectivos", según recoge el Real Decreto que regula las ayudas del referido Plan estatal.

Sin embargo, ningún representante del Ayuntamiento de Madrid se ha personado este miércoles en la sede del Ministerio para firmar el correspondiente acuerdo, al parecer por discrepar con la Comunidad en la forma de articular las ayudas en materia de rehabilitación.