En rueda de prensa, Cruz explicó que después de adjudicar la operación de crédito por valor de cinco millones de euros, el alcalde modificó las condiciones de amortización ampliando el plazo de dos a 20 años. Una modificación que, recordó, recibió el rechazo tanto del PSOE como de la Intervención Municipal ya que alteraba las condiciones del concurso al que habían concurrido otras cinco entidades financieras y vulneraba la Ley de Contratos del sector público.

Cruz indicó que la modificación no contaba con informes que justificaran la ampliación del plazo y señaló que la interventora municipal presentó un reparo en contra del cambio. A pesar de esto, el alcalde firmó un decreto por el que salvaba este informe negativo y modificaba las condiciones del crédito.

Insistió en que desde el Grupo Socialista instaron al primer edil a revisar esta operación e incluso a acudir al Consejo Consultivo de Castilla-a Mancha, pero ante la falta de respuesta, presentaron una querella en los tribunales el pasado mes de noviembre.

"Creemos que el asunto es muy grave", afirmó, considerando que con esta imputación, Pulido incumple el código de buenas prácticas del Partido Popular y según Cruz, "está obligado a comunicar la apertura de este procedimiento judicial a su partido y a poner su cargo a disposición del mismo". Por último, pidieron a la presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal, y a la presidenta provincial de la formación, María Ángeles García, que se posicionen en el caso.