En la operación han sido detenidas siete personas por delitos de expolio de restos arqueológicos y daños, y practicados seis registros domiciliarios. Asimismo, han sido imputadas por los mismos delitos otras cuatro personas.

Los ahora detenidos vendían los efectos a coleccionistas de España y del extranjero, y los daños causados en los yacimientos durante la extracción de los restos pueden superar los 140.000 euros, según informó el Ministerio del Interior en nota de prensa.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2009 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas residentes en varias localidades de la provincia de Cáceres, cuya actividad consistía en el expolio de zonas de interés arqueológico de esta provincia.

Una vez identificados los integrantes del grupo y sometidos a vigilancia, los agentes observaron cómo algunos de ellos, provistos de detector de metales y útiles para excavar, se dirigían, en ocasiones por la noche, a zonas o localidades donde existen yacimientos arqueológicos para llevar a cabo su actividad ilícita.

Igualmente, constataron que uno de los detenidos, residente en la localidad de Casar de Cáceres (Cáceres), adquiría objetos expoliados por el resto del grupo u otras personas a los que daba salida a través de portales de Internet dedicados a la oferta o subastas de este tipo de material.

Efectos intervenidos

Una vez identificados todos los implicados y sus lugares de residencia, los agentes procedieron en las localidades cacereñas de Navalmoral de la Mata, Monroy, Casar de Cáceres, Plasencia y Cáceres capital, a la detención de siete personas, a la imputación otras cuatro y a la práctica de seis registros domiciliarios.

En dicho registros los agentes intervinieron 10 detectores de metales, mapas topográficos con indicaciones de yacimientos, herramientas para la limpieza de material arqueológico, y material para el empaquetado y envío al extranjero de objetos arqueológicos.

Los agentes están analizando la documentación intervenida para poder determinar otros yacimientos expoliados o personas implicadas.COLABORACIÓN

La operación ha sido llevada a cabo por la Sección de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres y otras unidades del mismo cuerpo de las zonas afectadas.

Igualmente se ha contado con el asesoramiento y apoyo la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, que por medio de sus arqueólogos ha realizado los informes técnicos de las zonas expoliadas, valorando los daños causados en la extracción de las piezas del terreno en unos 140.000 euros.

Finalmente, el Ministerio del Interior recuerda a la opinión pública que la legislación sobre patrimonio histórico prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos sin la preceptiva autorización y que el hallazgo de forma casual, deberá ser entregado inmediatamente a la Administración (Guardia Civil, Ayuntamiento, Museos, etc).