Así lo manifestó el concejal de Granadilla, Antonio Cabrera, que junto con el de Tacoronte, Juan José García, y el representante insular, Fernando Sabaté, hablaron ante los medios sobre los 'problemas' energéticos de Tenerife.

Cabrera insistió en la necesidad de promover el ahorro y las energías renovables en el archipiélago para lograr una mejora en la eficiencia energética. En este punto recordó que Tenerife había sido pionera en promover la energía eólica y que "en estos momentos se encuentra a la cola" en generación.

Igualmente, criticó las dificultades que los agricultores tienen ante la opción de instalar placas solares en los invernaderos. "¿Por qué trabajar con grandes operadoras y no con pequeños empresarios?", abogó el concejal de Granadilla.

También manifestó la falta de "democracia" en este tipo de sistemas y el interés del Gobierno de Canarias en "imponer" sin licencias urbanísticas dotaciones para la generación de energía. "Nos acusaron de haber parado las obras en la central eléctrica de Granadilla, pero no fuimos nosotros, sino inspección de trabajo que ante un accidente laboral y la comprobación de que no había licencia nos acusaron a la corporación", aseveró Cabrera que preguntó si el Gobierno de Canarias o los cabildos pretenden que no se cumpla con la legalidad.

Apuntó además que en el municipio en el que rige junto con la nacionalista Carmen Nieves Gaspar se está trabajando en medidas de ahorro en los comercios y colegios. También en la instalación de dos plantas fotovoltáicas que permitirán el abastecimiento del municipio.

Por su parte, Juan José Cabrera, recordó que cada año Canarias destina 1.200 millones a la compra de petróleo y que cada vez va a resultar más cara su puesta en marcha. "Existen informes que demuestran que el petróleo ha llegado a su cénit", apuntó.

Criticaron que los 'ceros energéticos' sean utilizados para acusar a los ciudadanos que abogan por otros sistemas energéticos o la mejora de los existentes como "los del no a todo". Insistieron además que se están haciendo proyectos y obras en los que no hay participación abierta de la ciudadanía.