Concluyó hoy sin avenencia, en el Juzgado de Baena (Córdoba), el acto de conciliación con el que el cabo de la Guardia Civil que abrió la investigación del caso de las 'facturas falsas' y su mujer exigen al alcalde baenense, Luis Moreno (PSOE), y a tres ediles del gobierno municipal el pago de 300.000 euros, para así evitar una querella por injurias y calumnias.

Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, ambas partes no han alcanzado un acuerdo porque el cabo y su esposa mantienen que han sido víctimas del "injusto oprobio", en diferentes formas y momentos, por parte de Moreno y de los concejales Jesús Rojano, José Calvo y María Jesús Serrano. Así se recoge en las demanda presentada por el guardia civil y su mujer, la ex contable del empresario cuya denuncia dio origen al caso de las facturas, pero que luego se retractó y dijo que denunció bajo coacciones y amenazas del citado cabo, entre otros

Por su parte, desde el gobierno municipal se afirma que hay una evidente "finalidad política" en la querella del cabo, directamente relacionada con "la trama orquestada" contra el gobierno municipal y para perjudicar la imagen del alcalde, pues, dado que Moreno también es senador del PSOE por Córdoba, "saben que la posible querella que se presente contra él deberá ser cursada ante el Tribunal Supremo (TS), con lo que se asegurarían un nuevo revuelo mediático para seguir desgastando su imagen política, con independencia del posterior resultado que pueda tener la querella".

En cuanto al contenido de la demanda en sí, desde el gobierno municipal del PSOE se niega, como afirman el guardia civil y su mujer, que se les haya sometido a "presión mediática, hasta el punto de provocarles daños psicológicos con consecuencias en sus puestos de trabajo, por involucrarlos en una trama política contraria al Ayuntamiento". Desde el equipo de gobierno se califica este movimiento del cabo y su esposa como un recurso para "reforzar su victimismo de cara al juicio".

En su demanda, el cabo afirma que "se encuentra de baja para el servicio desde agosto de 2008 a consecuencia de las presiones mediáticas sufridas", a lo que desde el gobierno socialista se responde que "la primera vez que desde el equipo de gobierno se habla del cabo y su esposa como colaboradores de una trama política es el 23 de febrero de 2009, en rueda de prensa", después de la noticia publicada por un diario nacional sobre el caso de las facturas.

De igual forma, en la demanda del guardia civil y su mujer se dice que ésta última "se encuentra en tratamiento psicológico por los mismos motivos, e incluso ha sido despedida de su trabajo". Desde el Consistorio baenense se rechazó la implicación municipal en su despido, puesto que "ella perdió su empleo como contable de su empresa, por motivos que ella sabrá, en octubre de 2007, mucho antes de la rueda de prensa del 23 de febrero de 2009". Además, el gobierno municipal pidió recientemente a la Guardia Civil que investigue la posibilidad de que el cabo, estando de baja, esté trabajando de comercial para una empresa en la que su mujer es administrativa.

Por último, desde el gobierno municipal se insistió en que el acto de conciliación cerrado hoy sin acuerdo "ha de entenderse como un nuevo servicio de sus autores (el cabo y su mujer) a la trama política, y se hace para reforzar su imagen de victimismo de cara a su declaración en el juicio que se tiene que celebrar", por el caso de las facturas, en el que ejerce la acusación particular la edil de IU María Jesús Muñoz, hermana del cabo, y en el que están acusados el mencionado empresario y dos empleados del Consistorio, pero ningún miembro del gobierno municipal.