Quienes tengan un contrato en vigor se regirán por las condiciones actuales durante un máximo de cinco años. Eso sí, al fin de cada anualidad el inquilino deberá acreditar que sigue cumpliendo los requisitos para recibir la subvención.

Lucha contra el fraude

La nueva regulación quiere poner freno al fraude y la inflación que propicia la actual Bolsa de Aluguer. La Xunta calcula que un 80% de los contratos que se firman en sus oficinas se pactan antes entre los particulares. A costa de la subvención, que recorta los gastos del inquilino, el arrendador aprovecha para subir el precio del alquiler. Además, muchas veces se incorpora a la Bolsa una vivienda ya ocupada, con lo que tampoco disminuye el número de inmuebles vacíos en las ciudades.

Lo que no dice la Administración es que a menudo han sido los propios funcionarios los que han aconsejado a los solicitantes buscar y acordar el alquiler fuera de la Bolsa para agilizar el proceso. Y es que las oficinas de la Bolsa de Aluguer están tan desbordadas que no tienen tiempo ni para contestar al teléfono.

Para atajar este problema, el Ejecutivo prevé reforzar el personal de este servicio.

Solicitantes en vilo

A principios de año, los demandantes de una vivienda de la Bolsa aguardaban unos dos meses de media hasta formalizar el contrato. A partir del segundo semestre, el pronóstico de espera para las personas que se inscribieron en Vigo superaba ya los cinco meses, por el incremento de demanda. Todos aquellos que estén ahora inmersos en el proceso se verán afectados por la regulación que imponga el nuevo decreto. La Xunta no ha querido desvelar cuántos ciudadanos están en esta situación.