Los profesionales sanitarios han denunciado este lunes la "lentitud insoportable" con la que se desarrolla el proceso iniciado por el Ministerio de Sanidad para prohibir fumar en bares y restaurantes, algo que han achacado a "intereses políticos y económicos".
Consejos generales de médicos, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeras, junto con el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, han pedido este lunes a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que "acelere" el endurecimiento de la ley antitabaco para que "no tenga ningún tipo de retraso gratuito".
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, ha apelado a la "responsabilidad" social de "todos los dirigentes", no sólo de los políticos, para que antepongan a cualquier otro interés el derecho a la salud de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, que recoge la Constitución.
Rodríguez Sendín ha hecho hincapié en que "un retraso de meses" en aprobar las nuevas medidas supondrá un mayor número de muertes, teniendo en cuenta que cada año 3.000 personas fallecen en España víctimas del tabaquismo pasivo, es decir, ocho diarias.
Beneficio económico frente a salud pública
Primar otro tipo de cuestiones, como las supuestas pérdidas que aventuran los hosteleros, por encima de la salud de los españoles y de una "evidencia científica que abruma" sobre los perjuicios del tabaquismo, sólo puede definirse como "corrupción", según ha aseverado el doctor.
El presidente de la Organización Médico Colegial ha recordado que la experiencia de todos los países donde se ha prohibido fumar en los espacios públicos cerrados es que la hostelería no ha sufrido pérdidas económicas.
Ha comentado que si fueran "verdad" los temores del sector cabría preguntarse si es lícito "poner precio a las muertes de este año" o plantearse "cuánta gente tiene que morir" para que se opte por apreciar más los beneficios de bares y restaurantes que la salud pública.
A este respecto, la Federación Española de Hostelería (FEHR) hizo hace un mes una estimación de lo que supondría para el sector la prohibición total de fumar en espacios públicos. Según ellos se perderían 200.000 puestos de trabajo y se cerrarían 70.000 establecimientos si se reforma la ley.
No hay umbral de seguridad
En una nota de prensa remitida a los medios, las organizaciones colegiales de España relacionadas con la salud y el control del tabaquismo exponen que:
- El humo ambiental de tabaco es un agente cancerígeno y tóxico para el cual no hay umbral seguro de exposición. Ninguna persona debiera estar expuesta a ese producto en ningún lugar de convivencia en el conjunto del Estado español.
- Un millón de trabajadores del sector de hostelería no tienen derecho a elegir. No es aceptable que mujeres embarazadas, personas con asma u otras enfermedades se vean obligadas a respirar humo de tabaco mientras permanecen o trabajan en lugares públicos.
- No es aceptable que los clientes y usuarios de bares y restaurantes tengan que convivir en espacios insanos y perjudiciales para la salud.
Por eso le piden a la ministra que agilice la reforma de ley, una ley que, según explican no atenta contra los derechos de nadie y que beneficia a la salud de todas las personas.
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