El Gobierno afronta las primeras marchas contra la ampliación de la edad de jubilación

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afrontará a partir de este martes y por primera vez desde que ocupa su cargo, una oleada masiva de manifestaciones contra la política laboral que propone en materia de pensiones.

Convocados por UGT y CC OO, está previsto que el día 23 miles de trabajadores se manifiesten en las principales ciudades españolas para pedir a Zapatero que rectifique y retire la propuesta de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, presentada hace poco más de un mes.

Las protestas se producirán un día después de que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, comparezca en la comisión no permanente del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, para explicar esta reforma del sistema público de pensiones. Corbacho tendrá que dar cuenta mañana de esta propuesta de reforma que ha criticado toda la oposición y que los sindicatos consideran regresiva, insolidaria e imprudente.

En Madrid, la manifestación partirá el martes a las 19:00 horas de la plaza de Neptuno hasta la puerta del SolLas organizaciones de los trabajadores también quieren con estas movilizaciones advertir a Zapatero de que en este momento de crisis no toca hablar de pensiones, y recordarle que, en cualquier caso, se trata de una materia que debe ser acordada y no impuesta. En total, entre el 23 de febrero y el 6 de marzo se celebrarán cerca de 57 movilizaciones en diversas ciudades españolas.

En Madrid, la manifestación partirá el martes a las 19:00 horas de la plaza de Neptuno hasta la puerta del Sol, mientras que ese día también están previstas manifestaciones en Barcelona, Tarragona, Girona, Lérida (a las 18:00 horas), Valencia, Castellón, Alicante (a las 19:30 horas) y en Oviedo (a las 19:00 horas).

Los trabajadores y la crisis

No obstante, las protestas contra la reforma de las pensiones se iniciarán mañana con asambleas sindicales y concentraciones en varias ciudades frente a las delegaciones del Gobierno.

Bajo el lema "En defensa de las pensiones. No al retraso de la jubilación. La solución no es recortar la protección social", los sindicatos lanzan el mensaje al Gobierno, de que la crisis no la pueden pagar los trabajadores y el sistema público de pensiones es "patrimonio" de la sociedad española.

La propuesta del Ejecutivo "genera alarma, es temeraria" y pone en riesgo la solvencia del modelo de la Seguridad Social

Así lo advirtió el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en la última asamblea informativa de delegados de Madrid, donde animó a los trabajadores a decirle a Zapatero que "eso, no", que "así, no".

Entonces, el dirigente sindical fue muy crítico con el Gobierno y dijo que si UGT "tiene que poner un pie en la pared, lo pone", al tiempo que confió en que el Ejecutivo "recoja velas", cuando no encuentre el gran consenso nacional que quiere para su propuesta. De hecho, Méndez propugna una posición unánime en la UE en defensa de los sistemas públicos de pensiones para "marcar una posición a nivel europeo".

También el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, compareció en su correspondiente Asamblea sindical para informar de que la propuesta del Ejecutivo "genera alarma, es temeraria" y pone en riesgo la solvencia del modelo de la Seguridad Social.

La economía sumergida

Toxo cree que es incompatible el Plan de Austeridad del Gobierno que persigue reducir el déficit público con esta reforma, que recorta las prestaciones, por lo que apuesta por otras alternativas como una reforma fiscal "potente", o un plan contra el fraude fiscal, que reduzca la evasión fiscal y el peso de la economía sumergida.

Lo cierto, es que si de algo se quejan los dos secretarios generales de UGT y CCOO en relación con las pensiones, es de su baja cuantía. Para Méndez "hay un conjunto de pensionistas que están a punto de pasar el umbral de la pobreza". Frente a estas movilizaciones, el Gobierno muestra su respeto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega dijo en una de sus últimas comparecencias, tras el Consejo de Ministros, que los ciudadanos tienen derecho a elegir "el modo y la forma" en que quieren expresar sus posiciones, aunque insistió en que la reforma es necesaria para garantizar las pensiones de las futuras generaciones.