Según explicó el presidente de este órgano, Basilio Fernández, en declaraciones a Europa Press, el CES trasladó un informe sobre las deficiencias del servicio y su carestía al Defensor y hace un año que este admitió a trámite en forma de queja. Posteriormente, y tras recabar la versión que sobre el asunto tienen las distintas instituciones, emitió un dictamen que al CES le pareció laxo, por lo que aprovechó el plazo de alegaciones que le concedió el Defensor para hacerle llegar nueva información sobre el servicio, fundamentalmente la relativa al presunto incumplimiento que de algunos artículos del contrato de la línea de interés público con el Estado estaría cometiendo la adjudicataria del mismo, la compañía Acciona.

En la misma línea, el CES pidió a Enrique Múgica que no se diera por satisfecho con las explicaciones que le hizo llegar la Administración General del Estado, que a su juicio no entraban en el fondo del asunto "e incluso llegaba a atribuir a los clientes determinadas deficiencias del servicio".

Según explicó Fernández el CES ceutí tiene previsto remitir ahora al Defensor un nuevo dossier informativo en el que llamará la atención sobre la reciente investigación abierta por Competencia sobre una presunta concertación de precios entre las distintas compañías que operan en el Estrecho.

"Tanto esa decisión como el hecho de que el Ministerio de Fomento y la Ciudad hayan decidido crear una Comisión Bilateral específica para tratar este asunto demuestra, desde nuestro punto de vista, que la razón está de nuestra parte", consideró el presidente del CES.

Con estas actuaciones el Consejo pretende que las instituciones garanticen que los ciudadanos sean ""usuarios y no prisioneros de un servicio que se presta en unas condiciones incompatibles con la condición de servicio público esencial que cumple", según se denunció en la presentación de la primera queja.