"La consecuencia inmediata es la suspensión del Decreto-ley", señaló Alborch, en un comunicado, al tiempo que dijo que la orden del Ministerio de Cultura que considera que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) de este barrio supone expolio y ordena su paralización "sigue vigente". Agregó que con ello, también "la paralización de los derribos y la suspensión del PEPRI".

La responsable socialista confió en que "el Partido Popular entre en razón y aparque la sinrazón" respecto al desarrollo de esta actuación urbanística. "Esperamos que se atenga a las reglas del Estado de Derecho y paralice los derribos", aseveró al respecto.

Así, instó al equipo municipal de gobierno a "dialogar y consensuar" con los vecinos de El Cabanyal y de "toda" la ciudad, con los expertos, las universidades, los colegios profesionales, los agentes sociales y los grupos políticos para lograr "un plan que revitalice El Cabanyal con rehabilitación y sin derribos".

"La decisión del Tribunal Constitucional es una buena noticia que afianza las expectativas y esperanzas de quienes tenemos como objetivo la rehabilitación de El Cabanyal", manifestó Carmen Alborch. Asimismo, subrayó que la decisión del TC "suspende la vigencia y aplicación del Decreto-ley desde el 1 de febrero, fecha en que el Gobierno interpuso el recurso".

La portavoz del PSPV sostuvo que "la consecuencia inmediata es la suspensión del Decreto-ley, por lo que insistió en que "la orden del Ministerio —de Cultura— sigue vigente y, con ello, la paralización de los derribos y la suspensión del PEPRI". Consideró que la aprobación del Decreto-ley por parte del Consell supuso "un despropósito".

Indicó que fue "una maniobra que vulneró tanto el espíritu como el contenido de la legislación estatal y autonómica sobre patrimonio histórico, que prolongó el sufrimiento de los vecinos y que evidenció" que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "prefieren enfrentarse al Gobierno de España a rehabilitar esta zona histórica de la ciudad".

Carmen Alborch señaló que "en cambio, con la orden ministerial, el Gobierno actuó en el marco de sus competencias, en interés de los valencianos y valencianas, en defensa de su patrimonio y de su identidad, en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, y tras tomar en consideración los informes de expertos e instituciones".

Asimismo, comentó que el Ejecutivo central presentó el recurso de inconstitucionalidad "tras el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que respaldó la competencia del Ministerio de Cultura para emitir la orden de paralización frente al supuesto de jerarquías que defendía el Consell".

"La interposición del recurso demostró la voluntad del Gobierno de España de proteger y defender el barrio de El Cabanyal y el patrimonio de los valencianos", reiteró Alborch, para quien la admisión a trámite del recurso y la consecuente suspensión del Decreto-ley "no sólo no es un obstáculo, sino que abre el camino a la esperanza".

"Es el momento de la esperanza y es el momento de hablar de futuro, de un futuro dialogado que pasa necesariamente por la paralización de los derribos, la desestimación de la prolongación y, sobre todo, por la elaboración de un nuevo plan para el Cabanyal", afirmó la responsable del PSPV.