El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy, con los únicos votos del PSOE, ya que PP e IU la rechazaron, la Ley del Derecho a la Vivienda, que regulará el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces. Dicha norma fija tanto las obligaciones de las administraciones públicas en la materia como las circunstancias en que los ciudadanos pueden reclamar su cumplimiento ante los tribunales de Justicia.

La normativa hace especial referencia al concepto de vivienda de calidad no sólo como el recinto físico sino atendiendo también al conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano. Además, establece que las edificaciones residenciales que se construyan en Andalucía deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia.

De acuerdo con los objetivos planteados, las administraciones públicas estarán obligadas a favorecer este derecho de acceso, bien en propiedad o bien en alquiler, a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad; tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma; no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente, y estén inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

El registro, una de las principales novedades de la ley, se convertirá en el instrumento básico para determinar la demanda y conocer de manera exacta el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio.

Como vías efectivas para promover y garantizar el derecho constitucional y estatutario, la norma establece la elaboración de planes municipales y autonómicos de vivienda. En estos documentos, los ciudadanos deberán ver reflejadas las necesidades expuestas en el Registro Público Municipal y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que la Junta de Andalucía deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo dispuesto en la Ley.

Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, en los que se especificarán las modalidades de ayuda económica y las medidas más adecuadas para favorecer el ejercicio de este derecho, como arrendamientos con opción a compra, incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas y oferta residencial en régimen de alquiler.

Tras la aprobación de la normativa, los andaluces que reúnan los requisitos establecidos podrán demandar a las Administraciones cuando no existan o no estén adecuadamente elaborados los planes, o bien cuando el planeamiento urbanístico no recoja las disposiciones necesarias para la construcción de las viviendas requeridas.

La ley tendrá completamente garantizada su financiación por cuanto la Junta de Andalucía, a través de los planes de vivienda, consignará en sus presupuestos las cantidades necesarias para ello, incluyendo la gestión de las ayudas estatales. El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya recoge esta disponibilidad presupuestaria con unas inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros. De igual manera, la Estrategia de Competitividad en Andalucía prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559,1 millones de euros por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. De esta cantidad, 2.277,4 millones se destinarán a la política de vivienda.

Posicionamiento de los grupos

En su turno de intervención, la diputada del PP Alicia Martínez dijo que su partido rechaza la ley porque "no garantiza el derecho a la vivienda" y dijo que el conjunto de más de 30 enmiendas que planteó su grupo tenían como objetivo encontrar un punto de encuentro y de consenso, si bien sólo han sido aceptadas siete, seis de ellas mediante transaccionales.

La norma que el Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa, según dijo, nada tiene que ver con el avance que supuso el Estatuto de Autonomía y criticó que la Junta delegue a los ayuntamientos una serie de competencias que les son propias y exclusivas, como las relativa a vivienda y promociones públicas de viviendas. Señaló además que en la ley hay una clara "falta de compromiso con la vivienda social".

Por su parte, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, que comenzó su intervención agradeciendo la "buena voluntad" del PSOE durante la negociación parlamentaria para llegar a acuerdos con su formación, dijo que no ha sido posible lograr una postura común porque existen "problemas de fondo".

Según explicó, las diferencias radican en que los socialistas "defienden que desde el mercado se soluciona el problema de la vivienda, apuestan por la financiación privada y se niegan a la intervención pública en la construcción de viviendas". No obstante, indicó que el Gobierno andaluz podrá contar con su formación para colaborar "al cien por cien" con el desarrollo de la ley.

El diputado del PSOE-A José Caballos, que dijo que con la aprobación de esta ley "pionera" en España se da "un paso de gigantes", aseguró que "la derecha" se opone a esta ley porque "no les gustan los derechos y porque les incomoda esta normativa, que les va a obligar a cumplir con unas obligaciones en los municipios donde gobiernan".

Por su parte, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, subió a la tribuna de oradores tras la aprobación de la ley para dar las gracias especialmente al PSOE por el trabajo realizado durante la tramitación de norma, de la que, a su juicio, se puede "enorgullecer" la Cámara. Para Espadas, se trata de un día histórico para Andalucía y aunque también quiso dar las gracias a PP e IU, expresó que su grado de colaboración en el trabajo desarrollado "es mínimo".