La sentencia, con fecha de ayer y a la que ha tenido acceso Europa Press, avala el posicionamiento del Ejecutivo castellano-manchego en contra de la suscripción de contratos de compraventa de agua entre particulares, en tanto en cuanto no se cumplan exhaustivamente todos los requisitos que la Ley exige para que se puedan producir dichos contratos.

En junio de 2006, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha decidía recurrir la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura que aprobaba el contrato de cesión temporal de derechos al uso privativo de aguas que, en mayo de 2006, suscribieron diferentes comuneros individuales de zonas regables tradicionales del Segura y el presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

En el recurso presentado, Castilla-La Mancha alegó como principal motivo impugnatorio que la Confederación del Segura, antes de autorizar los contratos de cesión, debió de controlar el cumplimiento de determinados requisitos imprescindibles en este tipo de contratos. Ahora, la sentencia estipula que la cesión de agua entre Regantes del Segura y la Mancomunidad del Taibilla obvió la reglamentación establecida que regula la legalidad de los contratos de cesión de derechos sobre el uso de agua.

((Habrá ampliación))