Martínez Aguayo, que respondió a una interpelación formulada por el diputado del PP-A Antonio Sanz, añadió que el total de recursos y fondos adicionales que recibirá la Junta de Andalucía con este nuevo sistema, que la comunidad aceptó en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del pasado 21 de diciembre, supera los 1.700 millones anuales.

Destacó el "avance" en la autonomía financiera, ya que se ha pasado de un 51,35% de autonomía financiera con el anterior sistema a un 77,59 con el actual, lo que supone más de 26 puntos adicionales. Además, según dijo, se ha incrementado el porcentaje en la cesión de tributos, que pasa del 33 al 50 por ciento en el IRPF; del 35 al 50 por ciento en el IVA, y del 40 al 58 por ciento en los IIEE de fabricación.

Respecto al alcance y condiciones de esta cesión, manifestó que el anteproyecto de Ley de Régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de la cesión, a tramitar en las Cortes, prevé qye se asuman nuevas competencias normativas en el IRPF a partir de 2010, como la regulación por ley propia de la escala autonómica, con la única restricción de que ha de ser progresiva; el establecimiento de aumentos o reducciones en las cuantías correspondientes al mínimo contribuyente y a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad con el límite del 10 por ciento, o la asunción de competencias normativas en deducciones de la cuota íntegra autonómica, entre otras.

Por último, la consejera dijo que también se ha asumido la competencia para resolver las reclamaciones económico-administrativas relacionadas con todos los tributos cedidos que gestiona la comunidad, conforme a lo establecido en el artículo 182 del Estatuto de Autonomía.

Explicó que la comunidad revisará las reclamaciones en materia de tasas y precios públicos, como hasta ahora, y también todas las reclamaciones relativas al Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuestos sobre sucesiones y donaciones y a los tributos sobre el juego.

Por su parte, Antonio Sanz manifestó que el sistema de financiación anterior situaba a Andalucía a la cabeza en el ranking de financiación per cápita, mientras que el nuevo, sitúa a la comunidad "justo en el suelo". "Esa es la conclusión que se puede sacar del resultado de su negociación", dijo a la consejera.

Para Sanz, el sistema de financiación se ha tenido que modificar porque toda la financiación de las comunidades se desbordaba por la situación de crisis, y agregó que la Junta no puede negar que el modelo que ha aceptado "es perverso y dañino y genera ganadores y perdedores, que siempre son los mismos en uno y otro caso".

El nuevo modelo, a su juicio, tiene un claro "problema" de viabilidad. Dijo que los andaluces no quieren ser más que nadie pero tampoco ser menos e insistió en que con el sistema de financiación "se pone en peligro la solidaridad y la igualdad".

Por población, según Sanz, Andalucía tenía que haber sido la comunidad que más hubiera ganado y no ha sido así, con lo que se ha suscrito un modelo de financiación que es "negativo" para esta tierra y que la condena a una "foto fija", que supone que las comunidades ricas sigan siendo ricas y las pobres sigan siendo pobres.