La primera década del siglo XXI se cierra marcando un punto de inflexión en la llegada de inmigrantes a España. La crisis, el paro y el mayor control en las fronteras ha hecho que se reduzca sustancialmente el número de inmigrantes que llegan a nuestro país. En 2009 estaban empadronados 5,5 millones de extranjeros (un 12% de la población total) frente a los 923.879 censados en 2000 (2,2%). Con todo, somos el segundo país de la UE con más presencia de inmigrantes, sólo por detrás de Alemania (7,2 millones).

Junto a ese menor número de inmigrantes que llegan, asistimos al regreso a sus países de origen de muchos otros y a polémicas como las de Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz (Madrid), cuyos ayuntamientos pretendían dejar de empadronar a los inmigrantes sin papeles. Son las consecuencias de una década marcada por un gran flujo migratorio y por la recesión económica.

Al principio llegaron atraídos por las oportunidades de trabajo a un país que desde 1993 vivía un gran desarrollo económico; a mediados de la década, con una población inmigrante en aumento, surgió la polémica por la regularización y la llegada masiva por mar de sin papeles, que muchas veces ha acabado en tragedia; ya a mediados de 2008 sufrieron en sus carnes la crisis económica y el paro. De cara al futuro, con una llegada de extranjeros claramente ralentizada, el reto es el de la integración total.

Desde el año 2000, España ha presentado una de las mayores tasas de inmigración del mundo: ese año, con 923.879 extranjeros censados, hubo un proceso de regularización del que se beneficiaron 400.000 inmigrantes. Entonces había puestos de trabajo para ellos que los españoles no ocupaban. Entre esos empleos están los relacionados con la agricultura. Y fue entre los obreros extranjeros de los campos de El Ejido (Almería) donde sonaron todas las alarmas por primera vez a principios de 2000. La muerte de una joven y la de dos agricultores en 15 días a manos de inmigrantes hizo explotar el conflicto racista. En 24 horas de vandalismo se quemaron chabolas y comercios de inmigrantes y quedó demostrada la complejidad de la convivencia entre la población autóctona y el colectivo de inmigrantes.

Fueron años en los que se repetían las tragedias a bordo de pateras. El primer naufragio del que se tiene noticia tuvo lugar en noviembre de 1988 en la playa de los Lances de Tarifa (Cádiz). Murieron once inmigrantes. Ya en la década que nos ocupa, el 25 de octubre de 2003, un naufragio frente a Rota (Cádiz) dejó 37 cadáveres. Las aguas del Estrecho y de las Canarias no eran la única tumba para los inmigrantes, a ellas se unían también las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. En 2004 y 2005, con más control marítimo, rebrotó el fenómeno de los saltos a través de las alambradas. En septiembre del 2005 hubo cinco muertos en la valla de Ceuta por los disparos de los gendarmes marroquíes que trataban de evitar el paso a tiros.

La década avanzaba y, con ella, el número de extranjeros residentes. En 2005 eran 3.730.610 los censados (un 8,46%). El país creó ese año unos 900.000 puestos de trabajo netos, de los que cerca de un 40% fue ocupado por extranjeros. Muchos de los que habían llegado a España en busca de una vida mejor cumplían su sueño.

Otros, por el contrario, morían en el intento. Resulta casi imposible lograr una cifra oficial de las personas que han fallecido en estos años tratando de alcanzar las costas españolas. Cifras no oficiales que manejan las ONG señalan que más de 18.000 inmigrantes han fallecido desde 1988 . Por su parte, Interior argumenta que no da el dato porque sería inexacto: se desconoce cuántos cuerpos nunca aparecerán.

En medio del decenio destacó el proceso de regularización de 2005, que benefició a casi 700.000 extranjeros. El Gobierno ofrecía papeles a todos aquellos que presentaran un certificado de empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004, un certificado de penales y un precontrato de trabajo de al menos seis meses de duración. Era el empresario el que debía solicitar los trámites para regularizar la situación del trabajador inmigrante. La medida fue muy criticada por el PP, que aseguró que provocaría un «efecto llamada» que aumentaría la llegada de irregulares a España. Ésta ha sido una de las batallas políticas entre Gobierno y oposición: mientras miembros del Ejecutivo han reiterado que «no hay más de 300.000 ilegales en España», el PP eleva la cifra hasta el millón de personas.

Con o sin efecto llamada, lo cierto es que 2006 rompió todos los récords de llegada de inmigrantes sin papeles. Alcanzaron las costas españolas 39.180 (la gran mayoría a Canarias). Estas cifras suponen un importante incremento respecto a los 11.781 inmigrantes llegados ilegalmente a través de embarcaciones un año antes, y están muy lejos de las 7.285 personas que se aventuraron en 2009. En total, según los datos del Ministerio del Interior, entre 2002 y 2009 han llegado a España en pateras y cayucos más de 138.000 inmigrantes.

Con 2007 llegaron los primeros síntomas de la crisis económica, y un año después, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Teniendo en cuenta que el sector de la construcción, junto a los servicios y la agricultura, son los que más trabajo dan a los inmigrantes, es fácil concluir que son ellos uno de los colectivos más afectados por el desempleo. El Gobierno calcula que la crisis ha dejado a 385.114 extranjeros no comunitarios en paro, y que 2010 acabará con uno de cada cinco extranjeros residentes desempleados. En 2007 se hicieron 250.000 contratos en origen, en 2008 fueron 180.000, y en 2009 no pasaron de 20.000. De hecho, cada vez son más los que se acogen a las ayudas para retornar a sus países de origen: 14.621 personas en 2009 frente a los 6.671 que lo hicieron entre 2003 y 2006.

La década se cierra, según el último dato actualizado del INE, con 5.598.691 extranjeros empadronados en España (un 12% de la población total) y cuatro reformas de la Ley de Extranjería. La última, en octubre de 2009, endurece la ley en tiempos de crisis: aumenta de 40 a 60 días el tiempo máximo de internamiento para inmigrantes sin papeles que entren en España de manera irregular, restringe la reagrupación familiar y los permisos de trabajo y, entre otras cosas, ofrece regular la situación de aquellos inmigrantes que denuncien a las mafias que trafican con personas.

En estos diez años, los ciudadanos han aprendido a convivir con la inmigración. Son sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus tenderos, comparten aulas con sus hijos... La inmigración es, con su mano de obra, uno de los principales ejes del crecimiento económico del país, y también del demográfico. La población extranjera ha contribuido en un 58% al aumento de la natalidad entre 2002 y 2006, según un informe de la Universidad de Barcelona. Los ejemplos son visibles: el primer bebé nacido en 2010 fue Graciela, hija de madre guineana y padre catalán; en 2009 el honor lo tuvo Laia, de padres uruguayos; en 2008, Luis Ignacio, hijo de un matrimonio boliviano... ellos ya son el presente de la sociedad.

Ahora, y de cara al futuro, la integración total es el principal reto. Al cierre de la década, las noticias son bastante optimistas. El CIS de diciembre de 2009 deja la inmigración como quinta preocupación de los ciudadanos, en el 12,9%, el porcentaje más bajo del año. Tras la etapa actual, llegará en esta segunda década del siglo xxi una nueva fase en la que se ralentizará la llegada de inmigrantes: seguirán viniendo, pero menos. El INE señala que en 2015 la población inmigrante en España podría suponer el 16,7% de la población, es decir 7.795.205 personas.