Asimismo, el instructor citó a declarar en esta jornada a la titular de la notaría de Montroi, que compareció como imputada por delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio. Por último, el instructor interrogó a un abogado, imputado por su presunta participación en un delito continuado contra la ordenación del territorio y estafa.

Según informó el TSJCV, los tres imputados han quedado en libertad provisional, y únicamente al alcalde se le ha impuesto como medida cautelar la retirada del pasaporte. La investigación judicial continúa abierta.

Según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, el alcalde de Montroi (Valencia) declaró hoy ante el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent en calidad de imputado en la causa abierta por la presunta construcción de chalés ilegales en suelo rústico no urbanizable en el término municipal. a instancias de Fiscalía, al igual que el resto de imputados de esta jornada..

La operación comenzó inicialmente el 2 de febrero, cuando agentes de la Guardia Civil se personaron en el consistorio para buscar documentación relacionada con licencias de estos chalés. Ese mismo día, el juez ordenó la detención del ex alcalde de la localidad valenciana, el 'popular' Francisco Javier Carrión, y de otras seis personas.

El ex edil dimitió en mayo de 2006 por la falta de apoyo en la aprobación de los presupuestos y otros temas por parte de la oposición y, en especial, de Unió Valenciana, que habían sido sus socios de gobierno. Al frente de la alcaldía le sustituyó el actual primer edil, el socialista Antonio Polo.

Tras prestar declaración, Carrión quedó en libertad al abonar los 8.500 euros impuestos por el juez. Respecto al resto de detenidos, el instructor ordenó prisión provisional eludible bajo fianza de 50.000 euros para uno de los cuatro constructores detenidos, y decretó la libertad provisional con fianza de 3.000 euros tanto para el arquitecto como para el ingeniero industrial. Así mismo, estableció libertad provisional para los otros tres constructores, dos de ellos con fianza de 1.000 euros cada uno y el tercero sin necesidad de fianza.

El origen

La causa se originó tras la denuncia interpuesta por uno de los intermediarios en la compra-venta de terrenos en el municipio, a quien supuestamente se le dejó de pagar unas comisiones. Este intermediario denunció hace dos o tres años ante el juzgado que no había recibido las comisiones pactadas por la venta de varias parcelas en la localidad, y exigía responsabilidades.

Además del intermediario, algún promotor también denunció a los compradores de los chalés, todos ellos extranjeros, porque le debían dinero. Los compradores habían pagado una cierta cantidad pero se negaron a completarla puesto que no disponían de servicio de luz, agua o alcantarillado.

Los compradores no podían optar a estos servicios puesto que los terrenos en los que habían construido sus casas no tenían licencia de edificación ni ningún tipo de autorización. Por este motivo, el consistorio no les daba servicio. Ante esta situación, los compradores denunciaron, ya que se sentían engañados.

Tras presentar varios escritos de denuncia, tanto por parte del intermediarios como de los compradores y el promotor, la Fiscalía de Medio Ambiente decidió hace un año abrir una investigación al respecto, supervisada por el juzgado de Picassent.