La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aseguró hoy que el reto de la Ley de Garantía de Ingresos es "activar laboralmente a los que reciban ayudas", por lo que advirtió de que la contrapartida a una prestación social será siempre la firma de un 'contrato de inclusión activa' que obligará a las personas perceptoras, desempleadas de larga duración en muchos casos, a estar "disponibles para la activación laboral".

Zabaleta compareció hoy ante la comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco para explicar el desarrollo de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, una norma dirigida a "consolidar la igualdad de derechos" entre ciudadanos desde la protección social y el fomento del empleo.

En su comparecencia, Zabaleta destacó que el nuevo Plan de Inclusión Activa 2010-2015, que estará listo en el segundo semestre de este año, potenciará la activación de las personas que se encuentran en situaciones de desempleo prolongado.

Según recordó, una de las primeras iniciativas que adoptó al frente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales fue la de desarrollar la norma con el objetivo de convertir la Renta de Garantía de ingresos en una Renta Activa, "como lo establece la propia ley a través del llamado doble derecho: derecho a las prestaciones y derecho a la inclusión sociolaboral".

"La Ley -aseguró la consejera durante su comparecencia- nos permite defender unas políticas de país con la mira puesta en la protección de la ciudadanía pero sin caer en los excesos de una sociedad subsidiada". A su juicio, "el gran reto y la gran oportunidad de la Ley reside en activar laboralmente a las personas que hoy tienen que acogerse a las ayudas sociales que proporciona esta norma".

En ese sentido, precisó que lo que se hace ahora es "materializar políticas que garanticen el doble derecho: la prestación económica para las familias que lo necesiten, pero también la inclusión social que este Gobierno no olvida y que pretende ejecutar a través de unas políticas activas de inclusión laboral potentes, eficaces y basadas en la corresponsabilidad".

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales insistió en que "la contrapartida a una prestación va a ser siempre la firma de un convenio o contrato de inclusión activa, firmado entre la persona perceptora de las ayudas y la Administración, que obligará a estas personas, desempleadas de larga duración en muchos casos, a estar disponibles para la activación laboral.

Zabaleta advirtió de que "el nivel de exigencia del Gobierno en esta materia será alto, puesto que alto es el nivel de protección del sistema".DECRETOS

La consejera explicó que el primer decreto de la Ley que ha sido aprobado es el de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de enero de 2010. La PCV, que se ha convertido en un derecho subjetivo, va dirigida al pago de los gastos de alquiler de aquellas familias que lo necesiten y viene a sustituir a las Ayudas de Emergencia Social (AES) de alquiler, "una prestación muy importante durante todos estos años de protección social en Euskadi, pero que no garantizaba suficientemente el pago del alquiler".

La cuantía de la PCV es de 250 ó 320 euros, la primera cuantía con carácter general, la segunda para familias con tres miembros o para quienes complementan RGI (Renta de Garantía de Ingresos) con rentas provenientes del trabajo. Zabaleta señaló que las cuantías quieren ser "incentivadoras" del empleo y responder a las necesidades reales. Se estima que la PCV llegará a unos 16.200 perceptores en el año 2010, con un presupuesto ampliable de 43,1 millones de euros.

Zabaleta precisó que la novedad más importante es que sólo se concederán dos prestaciones, RGI y PCV por domicilio, "porque cuando no se tienen ingresos suficientes, compartir un domicilio puede ser una alternativa, pero no el hacinamiento de un número a veces indeterminado de personas en un solo domicilio, convirtiéndose éstos en equipamientos residenciales que tendrán otro tratamiento en la cartera futura de servicios sociales y no a través de una Ley que garantiza derechos individuales". Según puntualizó, "no se trata de recortar ningún derecho, sino de ordenar los derechos".

Zabaleta explicó que el decreto de la Renta de Garantía de Ingresos será el siguiente en ser aprobado y, entre sus novedades, señaló que "está el definir qué jóvenes entre 18 y 23 años acceden a esta renta, tal y como dice la Ley, por vivir situaciones que pueden suponer riesgo de alta exclusión o muestran ya una vida adulta: menores de 23 con hijos o discapacitados a cargo, o huérfanos de padre y madre, o jóvenes de esas edades casados o en situación análoga a la conyugal, o menores que salen de centros de protección y carecen de todo tipo de apoyo o entorno familiar".

En cuanto al decreto de 'Convenios de Inclusión Activa', avanzó que su Departamento dispondrá a mediados de marzo de un primer borrador para su debate en la Comisión Interinstitucional y dijo que constituye "la pieza clave del Gobierno en sus políticas de Lucha contra la pobreza y la exclusión" en 2010.

También se encuentra en marcha el primer borrador de decreto de Ayudas de Emergencia Social. El Departamento podrá disponer de él para la segunda semana de abril y presentarlo a la Comisión Interinstitucional para la Inclusión.

Como en el caso de los dos decretos anteriores, el trámite posterior consistirá en la consulta a los órganos externos al Gobierno que emiten informe y la posterior fiscalización interna tanto en la OCE como en la COJUA. El Departamento realizará un "seguimiento exhaustivo" de las necesidades de Ayuda de Emergencia que se vayan presentando en los distintos municipios de Euskadi, manifestó Zabaleta.

Plan de inclusion activa 2010-2015

En cuanto a la redacción de un Plan de Inclusión Activa 2010-2015, explicó que este trabajo debe iniciarse con la finalización de la vigencia del anterior Plan Interinstitucional, que se prolongaba hasta el 31 de diciembre de 2009. Tras indicar que ahora corresponde evaluar los resultados, advirtió que este Plan no va ser una continuación de los dos planes interinstitucionales anteriores.

"Será un Plan de Inclusión Activa porque su objetivo fundamental tiene que ver con la activación de las personas que se encuentran en situaciones de desempleo prolongado", subrayó Zabaleta.

La consejera de Empleo defendió un plan "que en los próximos cinco años nos permita darle la vuelta a las políticas para que destinemos un gasto más equilibrado entre prestaciones sociales y políticas de activación, como formación, empleo protegido, contrataciones para estos parados de larga duración, etc. Activar para el empleo y que no suceda como ha ocurrido en otros momentos, que aun cuando estábamos en casi el pleno empleo, los perceptores de RGI, crecían".

Zabaleta insistió en que el objetivo es que, "con los apoyos precisos, pero con un fundamental protagonismo personal, el perceptor de la prestación pueda volver a ubicarse en la senda de la inclusión y la autonomía personal". "Esa es la filosofía y la letra de la Ley que aprobamos", recordó la consejera, para anunciar que el objetivo es presentar el nuevo Plan de Inclusión Activa en el segundo semestre de este año.

Por otra parte, apuntó que se están redactando los reglamentos del órgano de coordinación interinstitucional, denominado por la Ley Comisión Interinstitucional para la Inclusión, y el órgano de participación, denominado Consejo Vasco para la Inclusión, donde además de las diversas instituciones, están representadas las organizaciones del tercer sector. Según avanzó, la previsión es que ambos reglamentos estén listos antes del mes de junio.