En rueda de prensa, Fernández recordó que el PSOE fue quien decidió denunciar el asunto ante el Ministerio Público al tener constancia de que las diputadas habían ofrecido un empleo en el Ayuntamiento de Guadix a los concejales Celedonio Jiménez y Belinda Clares a cambio de que suscribieran la moción con otros dos concejales del PP, uno de ellos quien finalmente fue elegido nuevo alcalde, José Montalvo.

"Esto es algo muy feo y deleznable", según afirmó el dirigente socialista, para quien el PP, que ofreció una rueda de prensa el pasado 15 de enero junto a Clares y Jiménez para desmentir lo denunciado, "salió enredando y, además de negarlo, nos provocaron". "Hoy los veo poco. Cuando tienen que dar la cara, no la dan", dijo Fernández, que esperó que la Fiscalía esclarezca ahora lo ocurrido.

En el decreto de investigación de la Fiscalía se recoge la información que la secretaria de Organización del PSOE de Granada, Mercedes González, le transmitió el pasado 27 de noviembre, en la que alertaba que Jiménez y Clares, los ediles electos en Morelábor por el PSOE, se habrían visto forzados a aceptar suscribir la moción por su situación "económica y familiar", dado que las diputadas mencionadas les ofrecieron a ambos "un puesto de trabajo".

Tras eso, Jiménez y Clares firmaron el 4 de noviembre con los concejales del PP José Montalvo y Manuel Garófano y con el fin de destituir a García la moción, que prosperó dando la Alcaldía a Montalvo. Aquel día la diputada provincial Josefa Caballero y Perfecto Álvarez, militante socialista, se reunieron con Clares y Jiménez en el domicilio de este último. En aquel lugar, recoge la denuncia, Clares manifestó precisamente que tuvo que aceptar la oferta de las diputadas, quienes afirmaron actuar igualmente en nombre de Robles.

Por ello, y "sin perjuicio del resultado de la presente investigación", la Fiscalía considera que los hechos tienen 'prima facie' relevancia penal, puesto que podrían incurrir en un posible delito de cohecho, que conllevaría de dos a seis años de prisión, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años.

El Ministerio Público ordenó de este modo dar traslado del decreto, de fecha 23 de enero, a los dos ediles supuestamente implicados así como a los denunciados, a fin de que presenten las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de quince días.

En rueda de prensa posterior, Clares y Jiménez, que estuvieron acompañados por la secretaria general del PP de Granada, Luisa García Chamorro, negaron haber recibido favores a cambio de promover la moción de censura y defendieron la labor que ahora realiza en el municipio el nuevo alcalde, el 'popular' José Montalvo.