Archivado por "prescripción" el caso Alierta

Así lo confirmaron el viernes fuentes jurídicas, quienes explicaron que el archivo se produce por "prescripción".

El caso investigaba el uso indebido de información en la compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, cuando César Alierta era presidente de la tabaquera, y comenzó a raíz de una querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE).

La posterior venta del paquete accionarial, a través de la sociedad Creaciones Baluarte, reportó presuntamente a los acusados unas plusvalías de unos 310 millones de pesetas (1,86 millones de euros), después de que los títulos de Tabacalera registraran la citada revalorización, llegó a indicar del juez instructor Santiago Torres.

Alierta, su esposa y su sobrino

En septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid acordó abrir el juicio oral contra César Alierta, junto a su esposa y el sobrino de ambos. La Fiscalía Anticorrupción pedía cuatro años y medio de prisión para Alierta por esta operación que, a juicio del ministerio fiscal, hizo un "grave daño al interés general".

Tanto la fiscalía como la asociación Auge -a la que se debe el inicio del proceso contra el financiero- compartían el criterio del instructor sobre la existencia de indicios suficientes de que César Alierta cometió, cuando dirigía la compañía estatal Tabacalera, un presunto delito de abuso de información privilegiada.

Además de la operación principal, realizada a través de la sociedad Creaciones Baluarte, también el Juzgado de Instrucción número 32 también investigaba si se cometió un delito de uso de información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera por 304.700 euros (unos 50,9 millones de pesetas) en el año 1997 por parte de la SIMCAV Lierde, en la que Alierta y su esposa tienen participaciones, obteniendo un precio total de venta de 514.363 euros (unos 85,6 millones de pesetas).

También el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid investiga la denuncia por los delitos de amenazas, contra la administración de justicia, falsedades y fraudes de subvenciones que podrían haber sido cometidos por el abogado de AUGE, José María Davó Escrivá.