Interior quiere aliviar la ocupación de las cárceles españolas

Una auténtica torre de Babel. Más de 110 nacionalidades conviven actualmente en las prisiones españolas. Los presos extranjeros, que el 1 de enero de 2000 eran 7.900 (el 17,9% del total), ahora son ya 27.091, el 35% de la población reclusa. Lo que supone una subida del 242% en esta década (los reos nacionales sólo han crecido un 37% en el mismo periodo). Todos estos datos incluyen Cataluña, con las competencias transferidas.

A pesar de estas elevadas cifras, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, asegura que "los extranjeros no tienen la culpa de la sobreocupación de las cárceles españolas". Y recuerda que la crisis, en contra de lo que decían algunas previsiones, no está llenando las prisiones de inmigrantes. En el año 2009 la población reclusa extranjera sólo creció un 3%.

El 35% de los reclusos en España son extranjeros

No obstante, España tiene una de las tasas de presos más alta de toda la UE (ver tabla) y nuestras cárceles tienen un 67% más de inquilinos que hace diez años. Por ello, Instituciones Penitenciarias ha vuelto a retomar la idea de que los extranjeros cumplan las penas en sus países de origen. "Y no sólo por aliviar la ocupación de las cárceles", explican. "Las condenas deben perseguir también la reinserción. Y aquí muchos reos extranjeros no podrán reinsertarse. Sus familias están en sus países, y aquí sólo les queda la expulsión o vivir situaciones de desarraigo".

La ley ya permite que los presos extranjeros, que así lo soliciten, cumplan las penas en sus países. Los preventivos no tienen derecho a hacerlo y no todos los países tienen suscritos estos acuerdos con España. En 2009, según datos de Instituciones Penitenciarias, 580 reos extranjeros lo solicitaron, de los que 249 ya han sido repatriados. "Un dato que representa un continuo y claro avance si tenemos en cuenta que en 2003 fueron 39, en el año 2005 la cifra se elevó a 64, y en 2007 a 188".

Aquí hay mejores cárceles

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "pocos presos aceptan este cambio porque las condiciones penitenciarias de su país son mucho peores que las españolas. Quizás haya que cambiar la ley para forzar al preso a que se vaya".

Una segunda posibilidad es que los extranjeros, cuando son condenados, acepten la sustitución de su pena de prisión por la expulsión de España, algo que sólo se puede hacer con los extranjeros que no tienen residencia legal y que han sido condenados a menos de 6 años de cárcel. Más de 900 delincuentes extranjeros fueron expulsados el año pasado por este sistema.

En este caso la decisión es de un juez. Los jueces reconocen que se aplica en pocos casos "porque si no parece que prima la sensación de impunidad. Si se aplicara con ligereza la expulsión, se iría de España sin el castigo por su delito. Y podría volver a entrar a España bajo otro nombre", explica José Antonio Ballestero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).