Otaínsa adjudica una vivienda al próximo desahuciado de Begoña, lo que "no resuelve el problema", según vecinos

La Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso de Sevilla (Otaínsa) ha adjudicado una vivienda por el procedimiento de alquiler temporal para casos de emergencia social a Juan León, el inquilino de 60 años que es el próximo amenazado de desahucio por la propiedad de un bloque de pisos ubicado en la barriada sevillana de Begoña.

A este extremo reaccionaron los vecinos del entorno, cuyo portavoz, Carlos Serrano —que lo es también de la coordinadora vecinal 'Barrios en Lucha'—, indicó a Europa Press que los afectados se alegran "en un cincuenta por ciento" de esta resolución, "que no resuelve el problema fundamental".

"Valoramos positivamente que se le dé una salida digna a esta persona, pero lo que Juan quería era permanecer en su casa, y ésa era la base de nuestra lucha social", indicó Serrano, que criticó el hecho de que desde las administraciones se estén dando "soluciones puntuales e individuales para que la batalla se apague poco a poco y el Ayuntamiento quede eximido de su responsabilidad".

La Comisión de Valoración y Concesión, prevista en el articulado de las normas de adjudicación del parque social de vivienda, se ha reunido para formalizar la adjudicación de esta vivienda, toda vez que se ha constatado que el adjudicatario cumple con los requisitos necesarios para recibir una vivienda del parque social, según informó el Ayuntamiento en una nota.

La urgencia del caso viene motivada por la orden de desahucio que pesaba sobre el inquilino, que además tiene una situación económica, laboral y social que imposibilita su acceso a una vivienda de régimen libre. En el fundamento de la adjudicación, se recoge que este adjudicatario cumple con los supuestos especiales recogidos para viviendas de emergencia social.

Adjudicaciones previas

Otaínsa ya otorgó una vivienda 'in extremis' al matrimonio formado por Concha y Eduardo, inquilinos de Begoña que fueron desalojados por orden judicial el pasado 15 de diciembre.

En el caso de León, su periodo de abandono voluntario —tras el cual se produciría un alzamiento judicial para su expulsión de la vivienda— caducó el pasado 16 de enero, aunque, según Carlos Serrano, "no saldrá de su vivienda porque no tiene dónde ir, aunque ya está con todas sus cosas empaquetadas".

Serrano también aseguró que los residentes amenazados, que se concentran en inmuebles de las calles Guadalcanal y Valdelarco de la barriada, ya han redactado un informe presentado al Ayuntamiento y con vistas a hacer lo propio con el Defensor del Pueblo Andaluz la próxima semana.

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