La vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, ha firmado hoy con el ministro de Justicia, Francisco Camaño, el convenio para la elaboración del Mapa Integrado de Fosas que prevé la Ley de Memoria Histórica para todo el territorio Español.

Según informó el Gobierno de Cantabria, el objetivo esencial es dar respuesta a una demanda legítima de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo mediante la identificación e inventario de los enterramientos a nivel nacional.

En virtud de este acuerdo se va a crear una base de datos que incluya la información sobre fosas que recopilen todas las administraciones. Fundamentalmente se busca crear un modelo homogéneo para que sea más fácil la transmisión de los datos, su tratamiento e incorporación al mapa.

Concretamente, se creará una base de datos informática con las actuaciones de todas las administraciones, datos que estarán disponibles a través de una página web para que los interesados puedan realizar consultas.

La vicepresidenta resaltó la importancia de este convenio que supone, en la práctica, la actuación conjunta y coordinada entre ambos gobiernos para establecer "información fehaciente sobre una parte importante de la historia colectiva de la comunidad y de la historia personal de muchas familias de Cantabria que desean conocer información muy sensible referente a sus antepasados", dijo.

Con este acuerdo, destacó Gorostiaga, la región da "un paso adelante importante para el cumplimento de la Ley de la Memoria Histórica", pero sobre todo, subrayó, para "hacer justicia".

Gorostiaga expresó el compromiso del Gobierno de Cantabria en "trabajar con intensidad en la elaboración de este mapa de fosas", para lo cual se va a contar con la colaboración y la experiencia de la Universidad de Cantabria.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura encomienda al Gobierno determinar el procedimiento y confeccionar un mapa integrado de fosas que incluya a todo el territorio español, que sea accesible para todos los ciudadanos y que incorpore todos los datos que tienen que remitir las distintas administraciones públicas y actores implicados (la comunidad, entidades locales, asociaciones constituidas para la preservación de la memoria histórica).

El Ministerio de Justicia se compromete a poner a disposición sus datos, prestar colaboración y asistencia, actualizar los datos y disponer de infraestructura informática y de telecomunicaciones. Por su parte, a la comunidad autónoma le corresponde cumplimentar la información de las actuaciones realizadas por la propia Comunidad, las entidades locales o las asociaciones e interesados, remitiendo al Ministerio de Justicia dichas informaciones y las variaciones que se vayan produciendo.

El mapa incluirá datos concretos de la fosa en cuanto a su ubicación geográfica, cartográfica, la propiedad del terreno y documentación gráfica; el tipo de fosa (represalia en retaguardia, lucha armada, acción bélica distinta), además, se explicarán las intervenciones o prospecciones previas en la fosa, si es que las hay, indicando la excavación, la realización de la exhumación u otras actividades posteriores como traslado, reinhumación, señalización, etcétera.

Además, señalará las circunstancias de la desaparición y el grado de conocimiento de éstas de las personas que se encuentran en la fosa. Concretamente, el número de cadáveres y el grado de certeza; restos no identificados y número de personas y datos completos de las personas cuyos restos hayan sido identificados.

Se señalará, además, los datos de la entidad que proporciona la información, la referencia a las fuentes (archivos, registros, testimonios orales, bibliografía, investigaciones realizadas, etcétera), así como la ubicación del expediente original, en referencia a la Administración o entidad en el que se encuentre y el vínculo a las web en las que conste la información o, en su defecto, la dirección de correo ordinario.