El borrador de dicha ley ya ha sido enviado a los agentes sociales y económicos y deberá ser estudiada en las mesas correspondientes del diálogo social antes de su previsible aprobación por el Ejecutivo autonómico antes del próximo 30 de noviembre, y posteriormente en la Asamblea.

Así lo avanzó hoy en rueda de prensa en Mérida para hacer balance de su departamento en 2009 y plantear previsiones para este año la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, quien añadió que el objetivo de la citada ley, es además de conceder ayudas a personas que lo necesiten y cumplan una serie de requisitos, incentivar el acceso al empleo.

En cuanto a las condiciones de acceso a las subvenciones que contemplará la Ley de Renta Mínima de Extremadura, Lucio explicó que serán "prácticamente las mismas" que las existentes actualmente para las Ayudas de Emergencia Social, de tal forma que se dirigirán a personas que no tengan ingresos superiores al 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Dicha ayuda, que será reconocida como "un derecho", será además la última subvención a la que los posibles beneficiarios podrán recurrir si no existe ninguna otra prestación o subsidio que provenga del sistema de empleo.

Así, añadió que el objetivo de la Junta es "dar oportunidades, colocar a las personas (beneficiarias) los primeros en la fila de las posibilidades de empleo público y en los cursos y formación para darles oportunidades de acceso al empleo".

Responsabilidad social empresarial

Por otra parte, la consejera explicó también que ya existe un borrador de Ley de Responsabilidad Social Empresarial, que pasará a ser debatida dentro del diálogo social una vez que sea aprobado en la Asamblea el Pacto Social y Político del que forma parte.

Según explicó, el borrador de la ley contempla para las empresas que quieran acceder a ser reconocidas como socialmente responsable una distinción por dicho motivo, así como posibles distintas medidas de apoyo como beneficios fiscales en el tramo autonómico del IRPF o de cara a la contratación pública.

En cualquier caso, Lucio apuntó que estos aspectos están aún por negociar con empresas y sindicatos, antes de su aprobación por parte del Gobierno autonómico, prevista para antes del 31 de mayo próximo.

Además, como plazos previstos, la consejera recordó que el Gobierno autonómico se plantea aprobar antes del próximo 30 de septiembre la Ley de Igualdad y antes del próximo 31 de octubre la Ley de Ordenación de las Políticas Activas de Empleo.

Finalmente, y como medida para combatir la economía sumergida, apuntó que durante este año continuarán intensificándose en la región las inspecciones que actualmente ya se vienen realizando.