El consejero de Cepes-A Manuel Mariscal explicó a Europa Press que las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2010 para adaptar sus estatutos al nuevo plan y seguir contabilizando su capital social en el capítulo de fondos propios. Si no se adaptaran en dicha fecha, este capital quedaría contabilizado como pasivo, "viéndose las aportaciones de los socios como deudas a terceros".

Esta situación cuenta con especial relevancia en Andalucía, teniendo en cuenta que la Comunidad concentra el 22,2 por ciento del total nacional, por encima de su peso relativo en población (el 17,8%) y generación de Producto Interior Bruto (PIB) (el 13,9), según datos de la Junta de Andalucía, que apuntan a 9.425 sociedades de las que dependen un total de 79.475 personas.

En este sentido, el también vicepresidente de la Confederación Europea de Cooperativas (Cecop) afirmó que con la reforma se ve una "foto fija" de las empresas de economía social "negativa", ya que "desaparece casi completamente el patrimonio neto al contabilizarse el capital como pasivo, deudas a terceros, y haciendo que las empresas aparezcan como no fiables".

"Deja a las cooperativas sin margen de maniobra financiera en cuanto a la solvencia, ya que en el balance aparece como deudora, lo que no se corresponde con la realidad ni responde a la verdadera solvencia de la compañía", añadió.

El directivo explicó que se trata de un cambio normativo contable internacional, que conlleva una reforma de los modelos en España y en Andalucía, donde se está desarrollando una normativa que permitirá que las empresas de economía social realicen los cambios pertinentes en sus estatutos y se adapten al nuevo plan.

"Mientras se discute el cambio de estas normativas internacionales, se ha producido un aplazamiento de un año en su aplicación, es un periodo corto ya que no se puede actuar a menos que no se cambien las leyes autonómicas", concretó Mariscal.

"Para que ese cambio se produzca, primero hay que aprobar la legislación, que está en elaboración, y después aplicarla", precisó Mariscal, quien insistió en la necesidad de que exista "voluntad política" para acelerar el proceso. Entre los cambios en la normativa autonómica, se trataría la posible modificación del capital social de las cooperativas "para estudiar si se puede repartir o no, ya que actualmente no es reembolsable".

Asimismo, advirtió de que el hecho de que se haya prorrogado los plazos de adaptación un año más "abre la puerta" a una próxima ampliación a otro año más con el objetivo de que "haya tiempo suficiente para no causar situaciones problemáticas en las empresas".