Los hechos se juzgarán desde hoy y hasta el miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y, según relata la Fiscalía, sucedieron entre septiembre de 2005 y agosto de 2006. A lo largo de ese período, el acusado suscribió diversos contratos de compraventa y opciones de venta para viviendas ubicadas en la citada finca.

El procesado acompañaba los contratos de los números de parcela y llegó a incluir los planos, pero en realidad no actuaba en nombre de ninguna empresa inmobiliaria y la agencia en cuestión no poseía esa finca, en las que, además, no había proyecto de construcción ni siquiera solicitud de licencia.

De este modo logró hacerse con cantidades que oscilan entre 22.000 y 66.000 euros de siete compradores. Ahora el Ministerio Fiscal solicita que indemnice a cinco de ellos por unos 198.346 euros, ya que algunos lograron anular los cheques y en otros casos se ha devuelto parte de las cantidades. Además del Ministerio Fiscal, ejercen acusación cinco afectados.

La defensa rechaza este relato de los hechos, y señala que el acusado actuó así obedeciendo las órdenes de sus jefes, además de plantear que la instrucción judicial no ha demostrado que el dinero de los compradores acabara en sus manos. Y precisa que el dinero no era para comprar una vivienda, sino una inversión especulativa o un préstamo.