Tribunales.-AMP.- Fiscal afirma que el acusado por el incendio de Riotinto "miente desde su primera declaración"

La acusación particular retira la petición de responsabilidad civil subsidiaria a la Junta de Andalucía en el caso

El Ministerio Fiscal aseguró hoy que ha quedado acreditado que el acusado por el incendio ocurrido en el término de Minas de Riotinto (Huelva), E.P.P., el 27 de julio de 2004, que arrasó 35.291 hectáreas de masa forestal en las provincias de Huelva y Sevilla y que causó la muerte de F.C.F y L.C.P, que circulaban en ese momento por una carretera cercana, "ha mentido desde su primera declaración" y que todos los indicios "destruyen la presunción de inocencia del acusado".

Esta fue la posición de la Fiscalía durante la segunda y última sesión del juicio celebrado esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en la que finalmente quedó suspendida la declaración por videoconferencia de dos peritos, que acreditaron la identidad de los fallecidos, para dar paso directamente a las conclusiones definitivas de las partes.

En esta sesión, el Ministerio Fiscal consideró que E.P., es "un perfecto conocedor de la zona y diseñó desde su primera declaración el trayecto perfecto, que lo se situaba de lo más lejos posible del punto de inicio del foco número cuatro", que fue el que más se extendió, indicando además que si el acusado hubiera salido de su casa a las 16,00 horas, tal y como ratificó ayer, en dirección al pantano del Zumajo para darse un baño, "nunca se hubiera producido este juicio porque el acusado sería otro más de los fallecidos".

En esta línea, matizó que, a pesar de las modificaciones existentes y "la amnesia temporal" advertida en algunas de las declaraciones de la veintena de testigos que comparecieron ayer, y en la de uno de ellos especialmente, "lo que encuentra su explicación, sin duda, en la presión que debe haber sufrido por parte del acusado", existen indicios que "destruyen la presunción de inocencia del acusado".

Por su parte, el abogado defensor de la familia de las víctimas, Antonio Rubio, quien ha retirado la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Andalucía y ha optado por seguir con la responsabilidad civil directa contra el acusado, manifestó que al principio entendían que "podría haber una responsabilidad por parte de la Administración porque se había desatendido una serie de obligaciones en cuanto a la prevención de incendios, pero finalmente se ha retirado".

Antonio Rubio, quien solicitó una pena de 28 años de prisión, pidió a su vez una solicitud a la sala para que las declaraciones realizadas ayer por dos testigos en concreto, se unan a las vertidas ante la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción en 2004, y que abra un procedimiento ante un posible delito de falso testimonio, ya que entiende que estas personas "al hacer una declaración contradictoria con las anteriores, han provocado que haya existido un procedimiento penal abierto durante cinco años, causando un perjuicio a la Administración de Justicia y a todas las partes, al acusado y a la familia".

Sentencia absolutoria

Frente a ello, el letrado del presunto autor, Francisco Lagares, solicitó una sentencia absolutoria para su cliente, ya que consideró que cuando se produjo el incendio "hubo prisas" para encontrar a un culpable, indicando además que de todos los testigos "nadie ha manifestado haber visto a E.P., en los focos del incendio y dicen de forma espontánea que éste no tuvo nada que ver".

En este sentido, aseguró que todas las pruebas testificales confirman que su cliente "no sólo no fue autor de los hechos sino que no pudo serlo porque estaba en casa cuando se produjeron los distintos focos del incendio". Del mismo modo, señaló que si existen contradicciones horarias, es "por el propio relato de la Guardia Civil".

Lagares aseguró que el acusado ha declarado en cuatro ocasiones y todos los datos ofrecidos "han sido ratificados por los testigos", por lo que espetó que "nadie ve a E.P., a ningún foco del incendio, tan sólo en las proximidades del tercero", al tiempo que destacó que agentes de la Guardia Civil "dijeron que es difícil que el incendio fuera fortuito, pero no imposible".

"cabeza de turco"

Por su parte, el propio acusado declaró a los periodistas tras el juicio, que ha quedado visto para sentencia, que está "satisfecho" y subrayó que lo cogieron "como cabeza de turco y me tocó a mí". Del mismo modo, pidió que "todo esto termine ya de una vez porque ha sido una pesadilla".

La hija del matrimonio fallecido a causa del incendio, Laura Capote, manifestó que está "relajada y esperanzada en que se pueda hacer justicia" y espera un resultado "favorable". Capote expresó que la familia "ha pasado por un calvario y por una lucha continua para depurar responsabilidades porque tendrían que haber desalojado a sus padres", a la par que aseguró que "hay indicios suficientes para condenar" al acusado.

Según el escrito de la Fiscalía, las consecuencias ecológicas fueron "incalculables", ya que se perdieron los hábitat de muchas especies autóctonas, tales como el Eucalipto, el Pino Mediterráneo, la Encina y el Alcornoque. Igualmente resultaron afectadas diversas especies animales como el Jabalí, el Ciervo y el Zorro, ascendiendo los gastos de extinción ascendieron a 1,9 millones de euros.

El informe explica que los tres primeros focos del incendio pudieron ser controlados rápidamente, excepto el cuarto, provocado en el pinar del camino posterior de la barriada Los Cantos, que se extendió, resultando afectados los términos municipales onubenses de Minas de Riotinto, Nerva, El Campillo, Escacena del Campo, Paterna del Campo, Zalamea La Real y El Berrocal, y los sevillanos de El Madroño, El Castillo de las Guardas, Aznalcóllar, Gerena, El Garrobo y Sanlúcar La Mayor, teniendo que ser desalojados algunas de estas poblaciones.

El escrito apunta que las dos víctimas circulaban en un vehículo por una carretera sita entre las aldeas de Monte Somorrero-Las Delgadas, cuando fueron sorprendidos por el incendio, ocasionándoles la muerte por asfixia por inhalación de gases en combustión.

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