Las peluquerías catalanas también le plantan cara a la SGAE

En ciudades como Barcelona, Lérida y Sabadell algunas peluquerías han colgado en sus puertas un cartel de protesta donde se invita al cliente a llevar su propia música de casa.

'A partir de ahora cuando vengáis a la peluquería... no olvidéis traer la música de casa!! ah y que sea original!!!... es un consejo de de la Fedcat ', reza un cartel de la Federación Catalana de Peluquerías y Belleza que se está repartiendo por los establecimientos.

Con esta campaña, los peluqueros protestan por el canon que deben pagar sus centros para proteger los derechos de los autores que se escuchan en las radios de esos locales, una cuota de 6 euros mensuales en salones pequeños (de menos de 50 metros cuadrados) y de 12 euros si no llega a los 100 m2.

Y en su particular disputa con la Sociedad General de Autores de España, los peluqueros se plantean la posibilidad de que 'nuestros clientes y clientas que aparezcan en actos públicos deban pagar un canon a los peluqueros por el uso público de nuestras creaciones'.

'La situación es alucinante', dijo Josep Ma Figuera, vicepresidente de Fedcat en un comunicado.

'Las peluquerías no viven de la música, simplemente intentan garantizar en sus salones un ambiente tan hospitalario como si nuestros clientes fueran invitados en nuestros propios hogares', dijo, para preguntarse acto seguido si acaso las emisoras de radio no pagan ya el canon correspondiente.

'Quizá ha llegado el momento de... exigir incluso a los cantantes españoles que nos paguen por nuestra creatividad. Si ello es absurdo, que tomen nota....', señaló.

Desde la SGAE, organismo que también mantiene un duelo con asociaciones de internautas a causa de las descargas ilegales de música y películas en Internet, se defiende que el pago de un canon es la única manera para que el creador pueda vivir de su trabajo.

'Es muy difícil que consigamos mantener la cultura si no pagamos a sus creadores', dijo Antonio Rojas, jefe de prensa de la SGAE, a RNE.

El Congreso de los Diputados aprobó recientemente el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, por la que se permitirá cerrar páginas web que violen los derechos de autor con una orden judicial.