El Ministerio de Fomento pretende rebajar hasta el entorno de los 200.000 euros anuales el salario medio de los controladores aéreos para situarlo en la media de la UE y poder reducir en un 15% las tasas de navegación aérea.
No se puede abordar un modelo eficiente con las actuales tasas Así lo indicó este martes el titular de Fomento, José Blanco, quien indicó, "para quien sienta lástima" por este colectivo, que dicho nivel salarial es tres veces superior al de un juez o al de un médico del Hospital de La Paz de Madrid, y dos veces y media más alto que el del propio ministro.
"No se puede abordar un modelo eficiente aeroportuario con los actuales costes de navegación aérea, con el que tampoco hay sector privado que quiera participar", indicó el ministro en su intervención en el Foro de Cinco Días. Por ello, reiteró su disposición a abordar este problema en el primer trimestre de este año.
El coste de navegación aérea más alto de Europa
Blanco apuntó que en la última década la masa salarial de los controladores aéreos ha aumentado de 140 a 730 millones de euros, algo que "no es eficiente y supone un problema dentro del ámbito europeo". Según dijo, esta es la principal causa de que España tenga el coste de navegación aérea más alto de la Unión Europea y que el déficit de AENA crezca a un ritmo anual de 300 millones de euros.
Una vez resuelta la negociación con los controladores, el ministro presentará en el Parlamento la ley que definirá la sociedad mercantil que gestionará los aeropuertos españoles, una norma que establecerá "una nueva diferencia entre tasas y precios para dotar de mayor capacidad a los aeropuertos que tengan gestión autónoma singularizada".
En los últimos días, Blanco ha responsabilizado en diversas ocasiones a los elevados sueldos de los controladores del déficit que sufren los aeropuertos españoles. Las palabras del ministro han sido duramente criticadas desde los sindicatos de controladores, que han lamentado la "campaña de desprestigio público y manipulación puesta en marcha" contra ellos y la "presión social y laboral" que "en nada beneficia" a las tareas de control aéreo.
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