Se trataría de una especie de cooperativas gestionadas por las propias mujeres del negocio sexual, que evitaría también la intervención de intermediarios y de mafias.

Ésta es una de las enmiendas que los ecosocialistas plantean a la ordenanza del civismo que Barcelona quiere impulsar. Mayol está en contra de multar a las prostitutas de la calle «porque no se puede tratar igual a una conducta delictiva que a actividades que tienen su origen en la realidad social».

ICV votará en contra de la ordenanza si no se aceptan sus objeciones.