'Es necesaria la autorización judicial previa para poder tomar esa decisión, en un procedimiento ágil y rápido de un plazo máximo de cuatro días en el que el juez tiene que oír a las partes y tomar una resolución', afirmó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros semanal.
'Se mantiene la Comisión de Propiedad Intelectual y se le permite recibir quejas de los ciudadanos, investigar si se producen actos lesivos de la propiedad intelectual en alguno de los elementos del entorno digital, sobre todo de Internet', añadió.
Así, esas quejas se notificarían primero al titular de la página web y más tarde al juez. Los magistrados encargados de dirimir estas cuestiones, precisó el ministro, serán los de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, lo que requerirá una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya aprobada en el Consejo de Ministros.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que defendió en su momento el borrador anterior, definió la versión aprobada el viernes como un 'muy buen punto de partida'.
'El Gobierno ha aprobado hoy una propuesta que nos parece muy equilibrada porque permite (...) actuar contra unos cuantos que se enriquecen ilegalmente en la Red, mientras se da la última palabra a los jueces, que deberán decidir rápidamente', afirmó.
La posibilidad del cierre de páginas web sin orden judicial había despertado la indignación entre comunidades de internautas, que entendían que esto vulneraba los derechos de expresión, información y acceso a la cultura, y llevó a la redacción de un 'Manifiesto por los Derechos Fundamentales de Internet', que se ha distribuido en blogs y redes sociales como Facebook, donde más de 200.000 usuarios lo han suscrito.
Ese manifiesto, que puede consultarse en (http://wiki.manifiestointernet.org), reclama una reforma del concepto de propiedad intelectual, así como que el Gobierno garantice la llamada 'neutralidad de la Red', y sugiere un cambio del modelo de negocio de la industrial cultural.
El nuevo texto de la Ley de Economía Sostenible se remitirá ahora a los órganos consultivos, antes de debatirse en el Congreso.
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