El registro, que data de 1957, pasará a ser un órgano administrativo centralizado dependiente del Ministerio de Justicia que, entre otras cosas, dejará de expedir los tradicionales libros de familia, que se sustituirán por hojas registrales.
'Estamos ante un registro civil mucho más sencillo, mucho más ágil en el que se suprimen muchos más trámites, para que los ciudadanos puedan conocer sus propios datos, que estarán protegidos y de los que solo el podrá disponer', dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.
Con la nueva ley, el registro, que estará estructurado en secciones de nacimiento, defunción, casamiento o tutela, dejará de estar vinculado a la judicatura y de estar diseminado en múltiples oficinas por todo el territorio.
'Con el nacimiento se crea una ficha (con un código personal de ciudadanía) y a partir de ese momento se registrarán todos los datos relativos al estado civil (del ciudadano)', añadió Caamaño.
El registro centralizado permitirá que todas las administraciones puedan consultarlo, evitando que los ciudadanos tengan que presentar certificados y agilizando con ello los trámites.
Además de los ciudadanos, también tendrán acceso telemático los centros de salud, que comunicarán a los registros los nacimientos y defunciones que se vayan produciendo.
El registro contará con 108 oficinas en total, frente a las 431 que existen en la actualidad, dijo el ministro.
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