El procedimiento que se llevará a cabo para bloquear las páginas web que ofrezcan o faciliten la descarga de archivos protegidos por derechos de autor ya está más o menos decidido. Según el diario El País, la Comisión de la Propiedad Intelectual señalará los portales con contenidos ilícitos y, tras una correspondiente orden judicial que debería tener lugar en menos de un mes, se procederá a la retirada de dichos contenidos o al bloqueo de la web en cuestión.
A pesar de que el Ministerio de Cultura evitó desmentir el contenido de la información publicada, sí explicó a 20minutos.es que el próximo día 8 de enero se conocerán más detalles sobre el procedimiento.
El proceso es el mismo que el que se utiliza para solicitar la retirada de una campaña publicitaria inadecuada o para la paralización de una obra: un organismo administrativo o un particular solicita el cese de una determinada actividad y el juez decide, sin analizar el caso en profundidad, si la petición es pertinente o no lo es. El Gobierno espera conseguir una gran agilidad en los trámites
En los casos en los que se acepte la queja se procederá a realizar un cierre cautelar. Posteriormente podrá tratarse a fondo el asunto mediante un proceso judicial ordinario, pero siempre con la página web en cuestión ya bloqueada.
De este modo, el Gobierno espera conseguir una gran agilidad en los trámites y que todo se resuelva con la mayor eficacia y velocidad posibles. Si se decide que una web debe ser cerrada, el bloqueo será efectivo en menos de un mes o incluso, en casos especiales, de una semana.
La creación y aplicación de estas medidas no exige la redacción de ninguna nueva ley. El Gobierno pretende incorporar los detalles de este nuevo procedimiento a la polémica disposición final de la Ley de Economía Sostenible mediante un reglamento que la desarrolle punto por punto.
Con este sistema, el Gobierno espera dejar tranquilos y satisfechos tanto a la Coalición de Creadores, representantes de la industria cultural que exigen una freno rápido y contundente a la piratería, como a la comunidad internauta, abiertamente indignada ante la posibilidad de que pudieran cerrarse webs y blogs sin orden judicial previa.
Ahora tan sólo queda la definición y creación de la Comisión de la Propiedad Intelectual.
Reacciones
La Asociación de Internautas (AI) se apresuró a publicar en su web una nota de rechazo al procedimiento y mostró su preocupación ante el modelo de control que pretende establecer el Ejecutivo. El presidente de AI, Víctor Domingo, cree que una autorización judicial es insuficiente para determinar el futuro de las webs.Con este tipo de medidas "se da por hecho que el intercambio de archivos es un delito"
"La autorización, a diferencia de la resolución, sólo implica que el órgano que pide el cierre de la página –en este caso la Comisión de Propiedad Intelectual– es competente para llevarlo a cabo". Además, denunció que con este tipo de medidas "se da por hecho que el intercambio de archivos es un delito".
Por su parte, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, destacó la "escasa credibilidad" del Gobierno entre los internautas y matizó: "Zapatero ignora las posibilidades de la red y en los últimos tiempos ha limitado muchos derechos individuales".
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