Un pastor logra que el Tribunal Supremo paralice un macroplan urbanístico

Pascual Carrión Guardiola, un pastor de cabras de Jumilla (Murcia), parece haber revivido la épica batalla de David contra Goliat. Después de siete años de dura lucha ha conseguido que el Tribunal Supremo paralice la construcción de 2.285 viviendas y un campo de golf, previstos en la urbanización Santa Ana del Monte Jumilla Golf, y que ocuparían parte de sus terrenos.

El Alto Tribunal sostuvo la semana pasada que el proyecto no cuenta con el agua suficiente para ponerse en marcha. Además, añadió que no se ha tenido en cuenta el interés privado del recurrente consistente en conservar el destino pastoril de sus terrenos.

El TSJ no le dio la razón

Con este auto se impugna la decisión que hace dos años tomó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y que no dio la razón a Pascual. En aquella ocasión, la Sala entendía que si se paralizaba el proyecto (aprobado por el Ayuntamiento de Jumilla dentro de un Plan Parcial) se vería afectado el interés general.

Sobre su actividad de pastoreo manifestaba que el cese se compensaba con una indemnización, y de los recursos hídricos decía que había en marcha un expediente de concesión de aguas y que se contemplaba la construcción de una planta desaladora.

El alcalde de Jumilla, Francisco Abellán, afirmó, respecto a la resolución del Supremo de suspender de forma cautelar el Plan Parcial, que en el futuro los planes se deberán elaborar de forma "más sostenible y compatible con las exigencias del Alto Tribunal".

"Esto es mi vida"

A sus 56 años, Pascual Carrión Guardiola respira tranquilo con la decisión del Alto Tribunal: "Por fin lo he conseguido", cuenta ilusionado.

Cuando justifiquemos que hay agua, el proyecto se realizará El proyecto no sólo ocupaba parte de su terreno, sino que lo atravesaba por la mitad. "He trabajado toda mi vida para tener estas tierras y ahora me quieren echar", dice.

Por su parte, la empresa encargada de la promoción Santa Ana del Monte Jumilla Golf explicó a este diario que sólo se trata de una suspensión cautelar y que en cuanto justifiquen "que hay agua, el proyecto se realizará".