La nueva Ley Audiovisual no deja de generar polémica. La última ha sido la paralización de su aprobación urgente por el motín que se vivió en el Congreso, cuando todos los grupos menos el PSOE y CiU amenazaron con no comparecer ante la Comisión Constitucional que este martes tenía que aprobar por el procedimiento de urgencia una ley que consideran no consensuada y pactada sólo entre el gobierno y CiU.
Gaspar llamazares, de Izquierda Unida, aseguró que “el Gobierno ha tratado de sacar una ley express y no queremos que el apagón digital sea también un apagón parlamentario”, y añadió que el nuevo texto legal "sólo favorece a las televisiones privadas". Joan Ridao (ERC), por su parte, denunció el "servilismo del Gobierno a determinados grupos de comunicación".
Así, la tramitación de la Ley ha tenido que ser aplazada al 7 de enero porque además, "no daba tiempo a ver las 600 enmiendas" que se le han hecho.
Los puntos más calientes de la nueva ley
Más publicidad
La Federación Mundial de Anunciantes y las principales asociaciones del sector han criticado la ampliación de 12 a 29 minutos por hora de la emisión de publicidad en las cadenas españolas. Consideran, entre otras cosas, que el efecto de los anuncios será menor.
Eliminación de la pornografía y la violencia gratuita
Varias asociaciones han pedido que se incluya el Código de Autorregulación sobre contenidos Televisivos e Infancia dentro de la nueva ley para que se pueda sancionar a quienes lo incumplan.
La creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA)
La mayoría de los partidos se oponen a que haya un consejo con capacidad sancionadora, ya que se podría caer en intereses partidistas y poner en peligro la libertad de expresión.
La nueva financiación de RTVE
Con la supresión de la publicidad, las televisiones privadas financiarán a RTVE con el 3% de sus ingresos brutos; las cadenas de pago, con un 1,5%; y los operadores de telecomunicaciones, con el 0,9%. En este apartado, la Comisión Europea ha abierto una investigación para excluir la posibilidad de que exista una compensación excesiva que incurriría en una competencia desleal.
La Ley del Cine
Cualquier tele nacional, pública o privada, está obligada a invertir en cine europeo y español si emite una película, documental, serie o producción de animación de menos de 7 años de antigüedad. Para las públicas será el 6% de sus ingresos brutos, el 5% para las privadas.
El Supremo declaró este martes esta medida inconstitucional porque "mengua la libertad empresarial", dando la razón a Uteca, asociación de televisiones privadas. La decisión se ha remitido al Tribunal Constitucional y ahora le toca a éste decidir.
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