El PP presenta más de 43.000 firmas ciudadanas contra la Ley de Lenguas, un proyecto "express" que promete reformar

La secretaria general del Partido Popular (PP) de Aragón, Rosa Plantagenet, presentó esta tarde, en el Registro del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno autónomo, un total de 43.576 firmas de otros tantos ciudadanos contrarios a la futura Ley de Lenguas Propias de la Comunidad Autónoma, una iniciativa legislativa "express" del PSOE que la dirigente del PP prometió reformar.

Plantagenet acudió al Edificio Pignatelli acompañada por el coordinador de la Presidencia regional del partido y diputado autonómico, Ricardo Canals, así como el portavoz parlamentario de Cultura y ponente en esta proposición de ley, Miguel Navarro.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Rosa Plantagenet rechazó "la imposición del catalán" y afirmó que la proposición de ley del PSOE, si se aprueba en el Pleno parlamentario de mañana, jueves 17 de diciembre, tal y como está redactada, "nos impone a los aragoneses el hablar catalán", señaló en alusión al reconocimiento expreso que hace esta iniciativa legislativa de la lengua catalana como propia de Aragón, sin mencionar las hablas locales de la Franja oriental.

Rosa Plantagenet afirmó que los aragoneses que se acercaron a las mesas de recogida de firmas del PP desconocían el contenido de la proposición de ley y comentó que el Partido Popular está explicando los pormenores de esta iniciativa a los ciudadanos y, hasta las próximas elecciones autonómicas y municipales, realizará una labor de difusión entre los habitantes de la Franja para explicar su postura.

La secretaria general del PP-Aragón pidió al jefe del Ejecutivo autónomo, Marcelino Iglesias, "que recapacite" porque "aún está a tiempo" y avisó de que, si el PP gobierna Aragón durante la próxima legislatura, "será modificada esta ley".

Una Ley de Lenguas "tiene que ser una ley para todos y de todos", prosiguió Plantagenet-White, quien opinó que es preciso que esta norma "recoja nuestra idiosincrasia, nuestro patrimonio lingüístico" y que preserve las modalidades lingüísticas.

"Lo peor" es el coste económico, continuó la número dos del PP regional, quien expresó que si la nueva Ley, que se aprobará mañana, obliga a las Administraciones públicas a responder, oficialmente, a los ciudadanos en catalán, entonces "supongo que el Gobierno arbitrará la cuantía económica". Los cargos públicos del PP aplicarán la Ley como esté redactada, como siempre hacen.

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