La organización nacionalista critica en un comunicado la proposición de Ley presentada por el Gobierno de CC y PP y considera "impropio de un partido que se autodenomina nacionalista, como es el caso de ATI-CC, que defienda una ley que rebaja la protección a especies autóctonas, emblemáticas y en serio riesgo de desaparición", como la abubilla, el guincho, el drago, el gorrión chillón, el pinzón azul, la tortuga boba o el tajinaste azul.

NC señala que, "a pesar de que esta propuesta intenta adaptar la normativa canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal y de la normativa comunitaria, lo que realmente está haciendo el Gobierno de Canarias es desproteger especies para poder dar paso a la construcción de infraestructuras como el Puerto de Granadilla, como ha ocurrido con la desprotección de los sebadales".

"caso omiso a la comunidad científica"

"Se ha hecho caso omiso a la comunidad científica", apuntan desde las filas nacionalistas, en relación a las opiniones de catedráticos de la Universidad de La Laguna como, Wolfredo Wildpret y Alberto Brito, que han advertido de que esta proposición de Ley se presenta "sin rigor científico y sin las mínimas garantías ambientales".

De hecho, NC apunta que los científicos consideran que "no se cumple con el objetivo de adaptar la normativa canaria a la estatal y comunitaria puesto que se vulneran varios de los articulados contenidos en la Ley española (42/2007), y en la europea para protección de la flora y fauna, así como sobre el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Ley 27/2006)".

Asimismo, la formación que preside Román Rodríguez subraya que esta propuesta "carece de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Gobierno regional, de las universidades canarias y de cualquier otro organismo científico con capacidad para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas autóctonos".

"Una falta de rigor científico que se puso en evidencia con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspendieron las obras del Puerto de Granadilla tras la descatalogación de los sebadales y que puede acarrear nuevas consecuencias legales importantes", alerta NC.