La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar este martes por el delito de integración en organización terrorista a cinco directivos del diario Egunkaria, clausurado en 2003 por el juez Juan del Olmo al considerar que la empresa estaba subordinada a ETA. Esta tesis no es compartida por la Fiscalía, que no ha presentado acusación. Tres de los acusados han rechazado nexos con la banda terrorista.

Ignacio María Uria, uno de los directivos del periódico vasco, ha negado "rotundamente" que ETA interviniera en la actividad del diario y asegura no saber nada de los "dichosos papeles" intervenidos a la banda entre 1990 y 1993 y en los que, según la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), aparecen pruebas de la vinculación económica-financiera con la organización terrorista.

"Intentaban ligarnos con ETA, cosa que no era, para hacernos daño", ha apuntado Uria, que ha añadido que cuando otros medios se hicieron eco de los papeles, el periódico publicó una página en la que su Consejo de Administración aseguraba que se trataba de un "infundio" y que nadie del exterior había intervenido en la elección de los directivos del diario.

Otro de los procesados, Javier Oleaga, que se incorporó a Egunkaria procedente del diario Egin, del que fue director, ha negado que en 1993 le propusieran ser director de este diario "para garantizar los postulados de ETA en el periódico".

En la misma línea ha declarado el que fuera último director del diario, Martxelo Otamendi, que ha asegurado que "nunca, absolutamente nunca" dio cobertura a ETA "ni con la cultura, ni con el euskera ni con nada" y que jamás hubiera aceptado dirigir un periódico controlado por la organización terrorista.

El acusado ha asegurado que trabajó con "absoluta libertad" y que el periódico que dirigió durante diez años era "independiente de los partidos políticos y grupos organizados" y "muy escrupuloso en el respeto a la gente".

"Para mí ha sido un honor trabajar con esta gente. Fue la mejor época profesional de mi vida", ha agregado.

Concentración de apoyo

Durante toda la jornada varias han sido las voces que han opinado sobre este asunto. Especialmente significativa ha sido la concentración de una treintena de cargos públicos, militantes y simpatizantes del PNV, ERC y otras organizaciones políticas y sindicales frente a la Audiencia Nacional para denunciar que el juicio constituye "un atentado contra la libertad de expresión", según señaló el portavoz parlamentario de la formación catalana, Joan Ridao.  

Su homólogo del PNV, Josu Erkoreka, expresó la "solidaridad, apoyo, respaldo y aliento" de su formación a los trabajadores del diario y denunció el "tratamiento injusto" que, a su juicio, están sufriendo los procesados por tenerse que enfrentar a este procedimiento judicial.

"No contemplamos otra posibilidad razonable más que la de la absolución de todos los que están implicados en el asunto", señaló Erkoreka antes de indicar que la causa "ha hecho flaco favor al euskera y a un proyecto cultural muy importante y estratégico para el País Vasco". "Creemos que es hora de que este asunto termine definitivamente y se dé carpetazo a la causa", añadió.

Una sentencia rápida

También ha opinado la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, quien ha expresado su confianza en el funcionamiento de la Justicia y su esperanza en que haya una sentencia lo antes posible. Ha insistido en que "esperamos que este proceso termine cuanto antes, con la sentencia correspondiente, porque han pasado ya casi ocho años y una Justicia lenta siempre puede dejar de ser justa".

Mientras, el secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, mostró su apoyo a los procesados y afirmó que espera que "este dolor de cabeza termine cuanto antes".