Castigos, maltrato, aislamiento y medicación forzada. Es la otra cara de la moneda de los centros de protección terapéuticos de menores (CPT). Así lo ha denunciado este martes la organización Amnistía Internacional (AI), que acaba de presentar el informe Si vuelvo, ¡me mato!, Menores en centros de protección terapéuticos, realizado sobre las tres comunidades autónomas donde se concentra el 55% de los centros españoles: Andalucía, Cataluña y Madrid.

Quienes ingresan en estos centros son menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que, a diferencia de los internos en centros de reforma, no han cometido ningún delito y están bajo protección de la administración. Sin embargo, "están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El responsable de la organización precisa que en ocasiones estos niños y jóvenes son víctimas de "violaciones de la intimidad, humillaciones, castigos corporales, aislamiento forzado, contenciones físicas abusivas e, incluso, contenciones farmacológicas". Todo ello está prohibido, según subraya AI, en los tratados internacionales, firmados y ratificados por España.

"Pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos", asegura una de las menores en su denuncia.

"Estos abusos contra los derechos humanos de estos menores quedan en su mayoría invisibilizados e impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales e independientes", señala la organización. La "invisibilidad" de este problema, según AI, se evidencia en que ni siquiera existen datos contrastados sobre el número de CPT existentes y sobre cuántos jóvenes albergan. El último informe del Defensor del Pueblo, de febrero de 2009, cifraba en 58 estos centros -55 de ellos de gestión privada- y en 818 las plazas disponibles.

Sin diagnóstico ni autorización judicial

La organización matiza además que muchos de los internamientos de jóvenes problemáticos se realizan sin una autorización judicial y sin un diagnóstico médico y que también son numerosos los casos en los que la familia cede erróneamente la tutela de estos menores por una deficiente información.

AI reclama que el Ministerio Fiscal inspeccione todos los CPT y sancione las irregularidades que se hayan podido cometer en ellos, así como la paralización inmediata del aislamiento de menores y su medicación forzosa, y menos como elemento sancionador.