El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró hace días que "España no escatimará esfuerzos" en la búsqueda de los tres voluntarios  secuestrados en Mauritania. Es más: "Varios aviones y helicópteros de la Guardia Civil que trabajan en el país africano se han unido" al operativo, explicaba la agencia Efe este martes.

"Palabras que no se corresponden con la realidad", señalan a 20 minutos fuentes de la Benemérita que operan en Mauritania. Este jueves, España no disponía de ningún medio aéreo ni terrestre para buscar a los secuestrados, todo dependía del Gobierno mauritano.

España tiene desplegados allí 30 agentes de la Guardia Civil, que operan en el buque oceánico Río Miño y en las dos patrulleras Río Adaja y Río Guadalupe. Obviamente, no sirven para el dispositivo de búsqueda.

Un helicóptero inútil y un avión averiado

Luego tienen un helicóptero BK117, que "no está preparado para volar de noche" y cuyo radio de autonomía no supera "las tres horas, insuficiente para rastrear grandes zonas2.

Y por último, un avión con base en Senegal que no participa en el operativo por dos razones: "Primero porque tiene un motor averiado" y segundo, porque está destinado exclusivamente para el plan Frontex contra la inmigración ilegal, que paga la UE.

Esta carencia de medios hizo que Defensa enviara el martes un avión Nurtanio, una aeronave de transporte ligero y patrullaje, que sufrió una avería "en el sistema de comunicaciones" y tuvo que parar en la base militar de Gando, en Gran Canaria. Este jueves estaba arreglado, "pero aún no había partido a Mauritania".

Un equipo del CNI

Hasta el secuestro, sólo había dos agentes del CNI en Mauritania, reforzados primero por otro agente experto en negociaciones y desde este jueves con "más agentes". De momento, no hay noticias de los tres secuestrados: Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta.

El CNI teme que hayan sido secuestrados por mercenarios a sueldo de Al Qaeda y que hasta que sean entregados a los islamistas "pase un tiempo". Fuentes del CNI recuerdan que en el último precedente, el de la española Mercedes García, de Médicos sin Fronteras, que fue secuestrada en diciembre de 2007 en Somalia, tuvieron que pagar 175.000 euros por su liberación.