Mató a su mujer, pero podrá ver a sus hijos porque no les dejó ver la escena del crimen

El 4 de febrero de 2006, Rafael S. golpeó a su mujer con una figura de bronce y le asestó más de cuarenta cuchilladas. Ella murió y él fue condenado a 23 años de prisión por la Audiencia Provincial de Sevilla, que también le prohibió vivir en San José de la Rinconada (Sevilla), donde el matrimonio residía, durante diez años, así como a indemnizar a sus dos hijos con 200.000 euros. Fue condenado a 23 años de prisión por la Audiencia Provincial de Sevilla

El día de los hechos, el condenado discutió con su mujer en su vivienda. Según la sentencia, Rafael S. entró en el dormitorio en el que dormían su mujer y su hijo, al que trasladó a la habitación de su hija.

Tras ello, se colocó a horcajadas sobre su esposa, que estaba durmiendo boca arriba, y le golpeó con una figura de bronce, momento en el que ésta se despertó y recibió más de cuarenta cuchilladas. Posteriormente, el condenado llamó a su hermana y más tarde a la Policía, a la que comunicó lo sucedido.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado ahora la condena, aunque ha rechazado imponerle el alejamiento de sus dos hijos, como pidió la acusación particular en nombre de la familia de la víctima al Alto Tribunal, al estimar que les profesa afecto, ya que tomó la precaución de retirar a los menores de la estancia donde cometió el crimen.

Una "horrenda acción"

La sentencia detalla que a pesar de la autoría de su "horrenda acción" para con la madre de los niños se advierte explícitamente "el afecto que a éstos personalmente aún les profesa". Resulta evidente la ausencia de fundamento para acordar una pena accesoria

Para ello, argumenta que Rafael S. no sólo tomó la precaución de retirar al hijo de la habitación donde iba a cometer el crimen, sino que tras matar a su mujer llamó a su hermana para "pedirle que fuera a recoger a los menores para evitar su presencia en un escenario tan dramático para ellos".

"Resulta evidente la ausencia de fundamento para acordar una pena accesoria que no persigue otra finalidad que la de la cautelosa protección de la víctima o de sus familiares frente a la animosidad que contra ellos pudiera aún mantener el autor del delito o, todo lo más, para evitar a aquellas el traumático encuentro con su agresor", añade la sentencia.

El TS también ha acordado que el condenado pague la mitad de las costas ocasionadas a la acusación particular.